La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) han alertado este lunes 17 de que varios de sus socios tienen «dificultades para pagar los recibos de la luz», lo que puede traducirse en futuros «cortes de suministro» tras encarecerse su factura eléctrica de media «más de un 600% en un año».

En un comunicado, fuentes de esta organización han explicado que le han trasladado al Gobierno la necesidad de «un plan de acción de política trasversal» que incluya, entre otras medidas, la rebaja del IVA al 5% -«como ahora disfrutan los suministros eléctricos domésticos»- para abaratar la factura de los agricultores un 30%.

Fenacore ha indicado que ha enviado tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como al del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) una carta explicando la situación de las comunidades de regantes con el alza la electricidad, «que se ha multiplicado por diez desde 2008».

Han lamentado la «falta de voluntad política» para atender hasta ahora la petición histórica del sector de poder contratar la doble potencia eléctrica según la época de riego.

Esta demanda -han recordado- aparece en una disposición que el MAPA incluyó en la Ley de la Cadena Alimentaria, en otra de la Ley de la sequía de 2018 y en una disposición final de una enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos generales del Estado de 2021.

Fenacore ha mostrado su confianza en que la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío constituidos recientemente por Agricultura tengan entre sus principales objetivos la rebaja de la factura eléctrica y afrontar el problema para pagar los recibos de la luz.

A su vez, ha apuntado que las medidas del sector eléctrico para contratar dos potencias competen al Miteco y las fiscales para rebajar el IVA incumben al Ministerio Hacienda y Función Pública.

«De ahí, la propuesta de Fenacore de implementar un Plan de acción política transversal e integral que alivie la situación de estos agricultores, eleve la gestión del agua a una cuestión de Estado y garantice la ejecución de los fondos europeos», han reiterado.

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