Las comunidades autónomas -todas excepto Cantabria- han tenido que devolver ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) por «correcciones financieras» que suman un total de 13,38 millones de euros.
Así se desprende de las siete resoluciones publicadas este miércoles y jueves, 14 y 15 de marzo, hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que es el organismo español de coordinación de todos los pagos Feaga y Feader en España.
Las correcciones que han dado lugar a esta devolución de ayudas se debe a la decisión de la Comisión Europea (CE), en junio de 2017, de excluir de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Feaga y al Feader, por no ajustarse a las normas comunitarias.
ANDALUCIA ES LA COMUNIDAD CON UN IMPORTE A DEVOLVER MÁS ALTO SEGUIDA DE CATALUÑA
Las correcciones financieras relativas a España se deben a deficiencias detectadas por la CE en el ámbito de los programas operativos (PO) de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), la promoción del vino en terceros países, las ayudas por superficie, la condicionalidad o el control de operaciones.
También, como consecuencia de investigaciones abiertas en el marco de la liquidación de cuentas de los ejercicios financieros 2012 y 2013.
Andalucía, con 8,37 millones de euros (7,09 millones relativos a programas operativos del sector hortofrutícola), es la comunidad con el importe mayor de devolución por este incumplimiento del derecho de la Unión Europea.
A continuación se sitúa Cataluña, con 2,59 millones de euros, 
donde la CE ha encontrado debilidades en el marco de los programas operativos de las OPFH por importe de 2,43 millones de euros, Comunidad Valenciana (882.926 euros), Castilla-La Mancha (558.062 euros) y Canarias (299.487 euros).
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 16 de febrero de 2018 el acuerdo por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a las comunidades autónomas.