Eladio Aniorte Aparicio / Presidente de ASAJA Alicante – Jóvenes Agricultores

Esta semana se debaten en Las Cortes Valencianas las actuaciones y medidas de prevención del riesgo de inundaciones en la Vega Baja. Una comarca singular, con una huerta, un campo y un sector agroalimentario de reconocido valor en términos de renta agraria, empleo directo, PIB y exportación. No en vano, la Vega baja representa el 50% del valor económico de la agricultura en la provincia de Alicante. Aunque hemos de manifestar la actual fase de decadencia que padece la agricultura en la zona por el progresivo descenso de los precios y la desidia de nuestros gobernantes para resolver el problema de escasez de agua.

La Vega Baja es la gran olvidada por la clase política en el ámbito de la GVA y muchos de los que vivimos en esta zona tenemos la percepción de ser el vagón de cola y de que en esta región conviven ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Estoy bastante seguro de que si la riada de Santa María del 12 de septiembre de 2019, provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos de la Atmósfera (DANA) hubiera ocurrido en el entorno del Júcar o el Río Turia, ya se habrían encargado los correspondientes informes a la Universidad Politécnica de Valencia y se hubieran aprobado los presupuestos económicos necesarios para realizar las obras e infraestructuras que evitasen que la situación vuelva a repetirse. Sin embargo, tengo la sensación de que como estamos en el SUR de la Comunidad Valenciana, únicamente se trabaja en el plano de la imagen y la comunicación, … Es decir, aparentar que se hace algo, pero en la práctica no hacer nada efectivo que resuelva los problemas de la gente de una manera definitiva.  Y el mejor ejemplo de lo que acabo de reseñar es el conocido Plan Vega Renhace. Millones en propaganda, comisiones especiales, estudios para mejorar la organización territorial, consejo de asesores devotos y un ejercito de feligreses para aplanar mediáticamente el impacto de la catástrofe que hemos sufrido… Pero planificación de obras estructurales, ninguna encima de la mesa.

Una reflexión que trasladé sin cortapisas a los representantes de los grupos políticos, en mi comparecencia dentro de la Comisión Especial de estudio sobre las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones de la Vega Baja en materia territorial, urbanística e hídrica, que se celebró esta semana en la sede de las Cortes Valencianas.  

En mi intervención quise destacar dos puntos principalmente. El primero de ellos es introducir en el debate político la capacidad de respuesta de las administraciones para reparar los daños económicos de los ciudadanos después de una catástrofe natural de la entidad de la DANA. A mi juicio, el protocolo que se pone en marcha tras la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” no funciona y la capacidad de respuesta de las administraciones para compensar los daños derivados de la DANA ha sido nula. Las ayudas económicas han sido insuficientes porque se han quedado fuera el 70% de los agraviados porque no tenían suscrita la correspondiente póliza de seguro de hogar o Agroseguro. Algo inadmisible en una catástrofe de tal naturaleza y envergadura, donde las compensaciones económicas para reparar los extraordinarios daños no deben llevar “letra pequeña”.

Al hilo de lo anterior, no sé si tiene más delito la falta de alcance de las ayudas, o que las escasas ayudas aprobadas, encima, no lleguen al afectado en un plazo razonable. Ha pasado un año y medio desde que se produjo el siniestro y las ayudas de la Conselleria de Agricultura no han llegado.

Dicho esto, el segundo punto de mi intervención en esta Comisión Especial se refirió a la prevención de inundaciones. Soy consciente de que la Vega Baja es un territorio expuesto y vulnerable frente a las inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Pero también soy consciente de que el gran problema de esta comarca, más que su complicada y singular orografía, es la inactividad de las políticas del agua y la falta de GOBERNANZA de este recurso.

Como conclusión, El Plan Vega Renhace, que se presenta como la solución a los problemas de inundaciones que venimos sufriendo de forma severa, no habla de la necesidad de abordar infraestructuras estructurales que son vitales en este momento, y aquí radica su principal error.

No se puede llevar a cabo un plan que reduzca el riesgo de inundaciones en la comarca de la Vega Baja sin gastar dinero en obras estructurales, puesto que estas son la única vacuna efectiva que tenemos para hacer frente a otra catástrofe natural del calibre de la DANA del 2019. Infraestructuras para mejorar la capacidad del cauce del Río Segura, construcción de vías de alivio para los caudales derivados de la Rambla de Abanilla, infraestructuras para encauzar y embalsar agua de las lluvias para su posterior uso como agua de riego…

La triste realidad es que ha transcurrido un año y medio desde que sufrimos la DANA y si se repite el fenómeno meteorológico, tendremos una nueva tragedia en al Vega Baja. Y nuestros políticos volverán a tomarnos por tontos y aprobaran el “Plan Vega Reshucita, “Resiste otra vez” o buscaran un nombre en inglés, que también vende mucho, como, por ejemplo, “Plan Vega Live on”.