El Gobierno del Principado de Asturias va a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial de inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y solicitará medidas cautelares para suspender la eficacia de la norma durante la tramitación del procedimiento. Una medida que también respaldarán otras CCAA afectadas por la presencia del lobo.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, al Consejo de Gobierno del Principado, que considera que la publicación de la orden ministerial el pasado martes ha provocado una situación de inseguridad jurídica en el modelo de gestión de esta especie en Asturias, dado que el cambio en la calificación de este cánido afecta al II Plan de Gestión del Lobo, actualmente en vigor.

Calvo ha señalado que acudirá el martes a Santander a una reunión conjunta con los consejeros responsables de Medio Ambiente de Cantabria, Castilla y León y Galicia y los representantes de las tres Organizaciones Profesionales Agrarias con representación nacional (ASAJACOAG y UPA) para abordar su respuesta contra la inclusión del lobo ibérico en el Lespre.

OTRAS CCAA VAN A REALIZAR RECURSOS EN EL MISMO SENTIDO “Y QUEREMOS COORDINARLOS PARA PONER DE MANIFIESTO QUE NUESTRA POSICIÓN”

«Todos vamos a realizar recursos en el mismo sentido y queremos coordinarlos para poner de manifiesto que nuestra posición atiende al problema global, al daño que se hace a la ganadería extensiva, pero también al que puede sufrir la especie si avivamos un conflicto», ha puesto de manifiesto.

Durante la inauguración de la feria Agropec, Calvo ha apuntado que el Principado es la comunidad con «más trabajo hecho», al contar con un estudio ajustado de los cánidos y por realizar censos anuales, por lo que «seguramente» disponga del criterio «más afinado a la hora de gestionar este equilibrio».

El consejero ha advertido de que fruto de la orden ministerial el Principado ha tenido que suspender provisionalmente los controles y existe una «gran inseguridad jurídica con la continuidad del programa de gestión», de ahí que insiste en el recurso y que se tomen medidas cautelares.

«Pero no significa que vayamos a descuidar todo lo que podamos hacer en el ámbito de nuestras competencias para seguir ayudando a la convivencia, a sostener el pago de daños y poder realizar controles hasta donde nos dejen», ha dicho antes de sostener que, para ello, el Principado acudirá a los tribunales, porque el objetivo es «seguir manteniendo nuestro modelo».

El Gobierno del Principado defiende el actual sistema de gestión de la especie, incluidos los controles poblacionales que conlleva, y reclama que se puedan realizar «con total seguridad jurídica cuando resulten necesarios».