El boom del cultivo de la almendra empieza a ser palpable en los viveros, donde ha habido un notable incremento de las ventas de plantones dado el incremento de superficie. Sin embargo,esta apuesta por el almendro está provocando la proliferación de viveros ilegales que no sólo están inundando el mercado de plantas de las que se desconocen su origen, sino que paralemente están ocasionando una caída de los precios de los plantanos legales.

Como recuerda el presidente de la Asociación Andaluza de Viveristas y Floricultores (Asociaflor), Carlos Carrascosa, que como otros productos, «los plantones no se fabrican de la noche a la mañana, sino que se necesita tiempo para obtener la mejor semilla certificada, sembrarla para conseguir buenos protainjertos e injertar fundamentalmente variedades protegidas; de ahí que los viveros registrados vayan anunciando futuras fechas de entrega en algunos casos», según recoge Alba Poveda en elcorreoweb.com.

Se quejan de la falta de rapidez de la Junta ante las denuncias y destacan la actuación del Seprona al incuatar 85.000 plantas

Y es precisamente este retraso el que ha permitido que afloren los viveros ilegales del almendro, asegura Carrascosa, quien asegura que el 80 por ciento de las ventas de pie franco de la comunidad son ilegales.

Una comercialización al margen de la ley que tiene un alto riesgo fitosanitario, dado que la planta se vende sin control. No sólo para el cultivo en sí, sino para el campo andaluz, remarca Carrascosa al recordar la presencia de plagas como la Xylella fastidiosa, «que sólo en Italia ha matado al rededor del 40 por ciento de los olivos de la región de Apulia».

Asimismo, esta actividad ilegal además ha supuesto una caída de los precios del plantón. Mientras que antes el pie franco –tradicional– rondaba los 3 euros, la producción no regulada ha provocado que caiga hasta los 2 euros, «incluso menos».

La asociación de viveristas ya ha interpuesto más de 45 denuncias ante la Consejería de Agricultura para que se realicen las inspecciones pertinentes. «Sin embargo, la respuesta ha sido una inacción constante», señala Carrascosa, quien añade que en «las escasas ocasiones que ha llevado a cabo inspecciones, la demora es tal que cuando se persona en el vivero ilegal ya ni está la planta porque ha sido comercializada».

Quien sí parece haber tomado una mayor conciencia del problema, según Carrascosa, es el Seprona, «que ya ha interpuesto denuncias por delitos contra la propiedad intelectual», ya que la explotación de las variedades intercedidas correspondía en exclusiva a una empresa adjudicataria de un contrato del Estado. La última de sus intervenciones implicó la inmovilización de 85.000 plantas de almendro, por valor de medio millón de euros, en el municipio jiennense de Huelma.