La Plataforma de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha, como nueva medida de protesta, realizará este martes 3 una acampada frente al Tribunal Constitucional, en Madrid, desde las 17:00 horas hasta las 12:00 horas de mañana, miércoles 4 de marzo, ante la indefensión jurídica que sienten los productores ecológicos de la región, por lo que entregarán en el registro del Constitucional un escrito pidiendo Amparo por la falta de tutela judicial del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

A esta delicada situación se ha llegado debido al recorte de ayudas establecidas para los productores ecológicos en 2015. Se da la circunstancia de que en marzo de 2016 la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha publicó la Orden de 07/03/2016 que modificaba las ayudas a la Agricultura Ecológica establecidas en 2015. Esta reducción de ayudas llega a un 70% e introduce una serie de criterios objetivos de prioridad casi un año después de cerrarse el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas.

Agricultura y ganadería ecológicas, en peligro

Desde la Plataforma afirman que «solicitamos que se mantenga la cuantía de las primas unitarias anuales en Agricultura Ecológica establecidas en la Orden de 2015 y que, además, se aumente el presupuesto con aportaciones de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que la ayuda llegue a todos los agricultores y ganaderos ecológicos». Si esto no se produce, desde la Plataforma manifiestan que «la actividad en ecológico en nuestra región peligra; se producirá el abandono de esta actividad, con el gran perjuicio que esto provocará en la región».

Y es que en Castilla-La Mancha hay actualmente más de 6.000 agricultores y ganaderos ecológicos, «no queremos que ninguno de estos agricultores y ganaderos se quede sin cobrar las ayudas establecidas en la anterior Orden de 2015, porque no tiene sentido expulsar a los que ya llevan años practicando la agricultura ecológica». De hecho, desde la Plataforma se subraya que en el caso de que se abra la convocatoria a nuevos agricultores, «los pagos deberán quedar asegurados a los agricultores que ya eran ecológicos con las primas establecidas en la Orden de 2015».

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, con la Orden establecida en 2016, «cambia las reglas del juego que ya se habían publicado y establecido con la Orden de 2015», mantiene la Plataforma. Asimismo, «con esta sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha lo único que ha hecho ha sido «ahondar más, si cabe, en la inseguridad jurídica y en la falta de confianza en la Consejería de Agricultura, pues desde ahora los ciudadanos que pretendamos participar en un procedimiento de subvención o ayuda ya no podremos tener la certeza de que lo publicado en las bases de la convocatoria, o en la propia convocatoria, sea la norma que va a regir esa subvención».

Acciones judiciales

La Plataforma de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha nació en 2016 para hacer frente a una situación injusta tras el recorte de las primas establecidas en 2015. Por ello, en 2016, la Plataforma interpone un recurso directo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la orden 07/03/2016.

En octubre de 2018 se desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma, que ante este hecho decide recurrir en casación al Tribunal Supremo; la Consejería de Agricultura se persona en el recurso de casación. Ya en el Tribunal Supremo se inadmite a trámite el recurso de casación, por lo que la vía administrativa se agota.

Por ello la Plataforma acude de nuevo a la Sala de Albacete (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha) con el objetivo de que realmente entre a conocer el fondo del asunto sobre las pretensiones de la Plataforma; sin embargo, de nuevo, es rechazado y se dirige al Tribunal Constitucional buscando amparo, al haberse denegado la tutela judicial efectiva, generando así una situación de indefensión. El último recurso para la Plataforma será acudir al Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, no dudaría en acudir a los Tribunales de la Unión Europea.

Desde la Plataforma se denuncia que la actividad de la Consejería en todo este proceso judicial «ha sido arbitraria, realizada con abuso del derecho y desviación de poder, ya que una vez cerrado el plazo de presentación de las subvenciones, concretamente un año después, y a la vista de dichas solicitudes, introduce los criterios de prioridad y reduce la cuantía de las primas».

«Nosotros solo queremos seguir trabajando, seguir siendo productores ecológicos en Castilla-La Mancha, y que la medida de ayudas establecidas en 2015 continúe y no se perjudique a los agricultores y ganaderos ecológicos que llevan años ejerciendo esta digna actividad».