Editorial del número 289 de la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería

¡Cuántas veces! ¡Cuántas pancartas en tantas manifestaciones! ¡Cuántas ocasiones en mesas de negociación!, durante tantos y tantos años, hemos denunciado las injusticias de la Política Agraria Común, el despropósito de un reparto sin sentido de recursos públicos aportados por toda la población de la Unión Europea, con un porcentaje mínimo de beneficiarios absorbiendo la mayor parte de las ayudas, mientras al colectivo mayoritario de pequeñas y medianas explotaciones familiares apenas les llegaban las migajas de la que aún hoy sigue presumiendo de ser la más común de las políticas comunes de la Unión Europea.

En la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos fuimos los primeros en desnudar a los cazaprimas, en reclamar ¡modulación, ya! hace más de treinta años, hartos de comprobar, campaña tras campaña, que condes, duquesas y banqueros, y hasta los campos de golf, se llevaban la mayor parte de las ayudas que correspondían al campo español, en muchas ocasiones por ser propietarios de tierras que ni siquiera se sembraban.

De poco nos valían las grandes cifras de las que se ufanaban los gobiernos de turno, para demostrar que España se convirtió enseguida, tras su incorporación a la UE, en uno de los principales perceptores de fondos de la PAC. Faltaría más, teniendo en cuenta nuestra dimensión territorial y capacidad productiva. Pero el problema nunca ha sido el monto total, sino el reparto injusto y las incoherencias políticas que perjudicaban a aquellos que más apoyo necesitábamos.

Por eso ahora, en las puertas de una nueva PAC, debemos gritar alto y fuerte que la Política Agraria Común es nuestra, de todas y todos los ciudadanos europeos, no solo de los profesionales del sector agrario, y reivindicar como éxitos propios las señales que apuntan hacia un camino más social y más justo, en el que la preocupación fundamental ya no sea cuánto dinero público más se llevan los que más tienen, sino avanzar en sostenibilidad real, priorizar las ayudas a los verdaderos profesionales del sector, reconocer el papel estratégico de las mujeres en la agricultura y la ganadería, incentivar el relevo generacional y poner un techo real y efectivo al máximo de ayudas por perceptor.

Todas ellas reivindicaciones históricas de UPA, que nos alegra ver reflejadas en la legislación europea y nacional, aunque somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer y no podemos quedarnos tranquilos. La PAC es nuestra, que nadie lo dude. Pero debemos estar muy vigilantes para que nadie nos la robe. Garantizar que no se repita, como tantas otras veces, aquello de que quien hace la ley, hace la trampa, en cuanto a los techos máximos de ayudas. Controlar desde la presión sindical que todas las Administraciones autonómicas respeten en su integridad los criterios de la nueva PAC y el plan estratégico aprobado para su aplicación en España.

Y, sobre todo, que verdaderamente, dentro de unos años, la realidad demuestre que están cambiando las cosas, con más jóvenes en el campo, hombres y mujeres, al frente de explotaciones sostenibles, eficientes y rentables, que cobren precios justos por sus productos y devuelvan a la sociedad, en forma de alimentos de calidad procedentes de un medio rural vivo, el apoyo que reciben a través de ayudas públicas como las que llegan desde la PAC.