El Gobierno ha avanzado sus propuestas ante la reforma de la PAC, que incluye un pago anual a los pequeños agricultores por hectárea de ente 200 y 250€ a quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas, al considerar que se muchos quedarían fuera de la definición de agricultor genuino, que se centra en quienes ingresen entre el 20 y el 30% de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario; limitar el cobro de la PAC a 100.000€ en función de los costes de los trabajadores; y la creación de una ayuda básica a la renta, que sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde y que es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. El Ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual, a la vez que quiere quitar los derechos históricos.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural extraordinaria en la que los consejeros de las comunidades autónomas han debatido este jueves 23 sobre la futura Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España, Luis Planas no solo ha defendido el dinero logrado para la agricultura, sin que ha insistido en que la PAC «no es un fondo de cooperación interterritorial, sino una política para ayudar a los agricultores y ganaderos en su actividad», ha dicho, en defensa de la condicionalidad del apoyo.

El primer punto a debatir ha sido la figura del agricultor genuino, cuya definición será uno de los elementos claves de la reforma, ya que “la agricultura familiar y profesional es el modelo de referencia de este gobierno”, ha señalado el ministro.

Planas destacó que existe un amplio grado de consenso, ha destacado, sobre el hecho de que se debe de tener en cuenta a aquellos agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos. No obstante, España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria.

Por eso ve que el parámetro más adecuado para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajusta la horquilla en la que deben situarse los primeros. En un tramo medio (20-30%) podría situarse la base del consenso.

PAGO ANUAL POR HECTÁREA PARA CERCA DE 300.000 AGRICULTORES Y GANADEROS SEAN O NO CONSIERADOS AGRICULTOR GENUINO, AYUDA BÁSICA  LA RENTA Y SIN DERECHOS HISTÓRICOS

Tras destacar que el 40% de los fondos europeos deberán destinarse a fines ambientales o de lucha contra el cambio climático, en línea con el Pacto Verde Europeo, y para compensar a los pequeños productores, el Gobierno propone un pago anual simplificado de hasta 250 euros por hectáreas para quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas, tanto si son o no «agricultores genuinos».

Por su naturaleza, los pequeños agricultores, unos 300.000 agricultores y ganaderos, podrían quedar fuera de la definición de agricultor genuino. Sin embargo, su papel social y medioambiental es muy importante en zonas muy amplias del país. De ahí que el ministerio considere necesario mantener un régimen específico para ellos. Para Planas, en ocasiones es más importante la aportación medioambiental y social de estos agricultores que el valor económico de su actividad, razón por la cual hay que encontrar un modelo de gestión de esta, tan importante para el medio rural.

La propuesta ministerial es un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones entre 6 y 10 hectáreas. Esto permitiría alcanzar a casi la mitad de los solicitantes de ayudas de la PAC y primaría sus externalidades positivas.

Paralelamente, se crea una ayuda básica  la renta, que sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde y es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. El ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual.

Luis Planas ha advertido que la regionalización “no va ser un tema sencillo”. La CE exige reducir el número de regiones y avanzar en la convergencia interna.

Menos escollos se prevén para la eliminación de los derechos individuales, los llamados derechos históricos, puesto que la mayoría de las comunidades aboga por su desaparición, lo que permitirá la incorporación de más jóvenes a la actividad agraria.

Planas ha respaldado que España está de acuerdo con el techo de 100.000 euros que establece el Marco Financiero Plurianual de la UE, pero modulando esta cantidad en función de los costes de mano de obra. El ministerio propone un descuento en esa cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo.

Finalmente, ha incidido en el futuro diseño de los ecoesquemas, propuestas con las que lograr financiación para mejorar la sostenibilidad ambiental del sector con prácticas como el pastoreo extensivo, el aumento de la agricultura ecológica o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos.

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