Ramon Lluís Lletjós i Castells / Gerente de ACATCOR (Associació Catalana de Comunitats de Regants)

Transcurridos más de tres años de la entrada en vigor de la Ley, sus tres herramientas básicas, el Plan Territorial Sectorial Agrario, el Análisis de Afectaciones Agrarias y el Registro de Fincas Agrarias en Desuso, están en una fase de desarrollo muy inicial y, en el caso del Plan Territorial Sectorial Agrario, ni se han puesto los cimientos para su redacción.
La carencia de desarrollo del Plan Territorial Sectorial Agrario la considero especialmente relevante por la implicación directa sobre la implantación de los parques solares fotovoltaicos y los parques eólicos. Si ahora se dispusiera de este plan, los ayuntamientos podrían adaptar sus normas y planes urbanísticos a lo que determinara el plan sectorial correspondiente y, esto, delimitaría donde se pueden poner parcos solares o eólicos.
Disponemos de un instrumento muy potente que hubiera podido evitar muchos problemas. El ejemplo más claro y reciente es la aprobación del Decreto Ley 5/2022 de 17 de mayo, que da luz verde a ubicar placas solares en terrenos de regadío cuando, desde el 2019, existía una restricción en este sentido. Que ahora se puedan poner placas solares en lugar de dedicarlos a la producción de materias primas, puede tener graves repercusiones en nuestra soberanía alimentaria y, por extrapolación, en el despoblamiento y desertización de nuestro territorio.
Lo más grave de todo es que tenemos un instrumento como la Ley de los Espacios Agrarios, hecho para proteger los suelos agrarios, y que no se ha desarrollado por motivos que, algún día, nuestros dirigentes nos tendrían que explicar.