Los agricultores y ganaderos, que pedían a principios de año «precios justos» en sus movilizaciones, están a la expectativa del contenido final del proyecto de la renovada Ley de la cadena alimentaria que llega este martes 3 al Consejo de Ministros y luego será sometida a debate y a la propuesta de enmiendas en el Congreso.

Para ello, los congresistas escucharán las opiniones de los representantes del sector primario, de la industria o transformación y del sector servicios o distribución, que son los principales eslabones de la cadena alimentaria y que ya tuvieron la ocasión de presentar sus alegaciones al texto del anteproyecto en julio.

Así lo confirmó el pasado jueves el diputado socialista Manuel González Ramos durante la aprobación, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, del Real decreto 5/2020 del pasado mes de febrero, una normativa ómnibus de medidas urgentes en la que se incluían varias relativas a la cadena alimentaria.

ESTA LEY NO VA A SER LA VARITA MÁGICA QUE SOLUCIONE LOS PROBLEMAS DEL SECTOR, PERO TODOS DEFIENDEN QUE SON CAMBIOS IMPRESCINDIBLES

En concreto, prohibía la venta a pérdida o destrucción del valor de los productos a lo largo de toda la cadena e introducía la obligatoriedad de que el precio pactado entre el productor y su primer comprador cubra, como mínimo, lo que se ha denominado «costes efectivos de producción» y se plasme en los contratos escritos.

Las asociaciones agrarias  ASAJA, COAG y UPA, que representan al eslabón más débil de esa cadena de valor, presentaron de forma conjunta una serie de puntualizaciones al borrador del anteproyecto de la Ley de la cadena.

Para estas tres organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y Cooperativas Agroalimentarias España, la otra gran pata del eslabón de la producción, esta ley no va a ser la varita mágica que solucione los problemas del sector, pero creen que son cambios imprescindibles sobre los que hay que trabajar, según han reconocido a Efeagro.

En sus alegaciones, las OPAs apuestan porque la nueva norma incluya en su ámbito de aplicación a las operaciones comerciales agroalimentarias con el canal de la hostelería y restauración, ahora excluidas, y que se prohíba al comercio la venta a pérdidas aun cuando esa práctica no se traslade a los eslabones anteriores.

Que se hable de «costes de producción» y no de «costes efectivos de producción», para que se puedan computar, por ejemplo, los generados por la utilización de mano de obra familiar, los salariales del propio agricultor, los seguros agrarios, entre otros.

Que haya unos índices de referencia públicos que ayuden en el sector primario al cálculo del coste de producción para incluirlo en cada contrato, sugiere José Ramón Díaz, coordinador técnico de la cadena alimentaria de Asaja.

Apuestan por el registro digital de todos los acuerdos de compraventa para que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) sepa en cualquier momento quién quebranta la ley, y que las sanciones que imponga, sean publicadas sin dilación, precisa Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG.

El técnico de UPA Javier Alejandre añade que han solicitado que la ley garantice que el productor o la organización que le represente sea protegido por el anonimato durante todo el proceso de verificación de una denuncia a la AICA, tal y como ha recomendado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Piden también que las operaciones de compraventa entre un socio y su cooperativa continúen al margen de la Ley de la cadena en cuanto a contratos, pues el socio es propietario de la cooperativa y, por lo tanto, no es equiparable la entrega de un producto a ésta con hacerlo a otro operador», menciona el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero

Para abordar excesos de volumen y evitar que se opere a precios muy bajos hay que implementar medidas de gestión de crisis (retiradas de producto, destilaciones, almacenamiento privado, etc.) «de forma suficiente para poder reequilibrar la oferta y la demanda».

Los partidos políticos ya tienen perfilada su posición respecto a la Ley de la cadena y en la Comisión de Agricultura de la pasada semana avanzaban algunas de sus futuras propuestas tras ser rechazadas todas las enmiendas al Real decreto-ley 5/2020.

El Partido Popular considera que no está claro quién establece los criterios del coste efectivo de producción, que el actual Gobierno no ha regulado la venta sino la compra a pérdidas y que esta práctica abusiva debería frenarse con cambios en la Ley de comercio minorista, que es la que tiene la competencia.

Para Unidas Podemos falta el registro de contratos, la definición de abuso de posición dominante y el estudio de costes medios por parte del Observatorio de la Cadena, mientras que para Vox es imprescindible que haya preferencia comunitaria en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y países terceros para que los agricultores españoles puedan cobrar por encima de costes.