José Vicente Andreu / Presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto fecha de caducidad a la agricultura de regadío del sur de Alicante, el año 2027. Lo ha hecho con la propuesta presentada por parte del Ministerio para la Transición Ecológica sobre los planes hidrológicos de cuenca, en los que figura aumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis próximos años y que supone la puñalada de muerte al Trasvase, ya que se verán reducidos 80 hectómetros cúbicos o, lo que es lo mismo, el 40% de las transferencias anuales. 

Dicho esto, descubiertas todas las cartas y quitadas las caretas de nuestros políticos, hoy quiero hablar sin tapujos de la realidad a la que se enfrenta el campo alicantino tras esta decisión, que no es ni más ni menos que el PSOE quiere acabar con el Trasvase Tajo-Segura y, por ende, con la mayor parte de la agricultura de regadío de Alicante y la forma de vida del Levante.

No hay que irse muy lejos para encontrar la mano negra que sembró la semilla del mal en la cuestión hídrica que nos atañe. Fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que anuló el Trasvase del Ebro y programó acabar con el Trasvase del Tajo Segura a cambio de agua desalada. Fue también este Gobierno el que liquidó por invisible el trasvase del Júcar-Vinalopó con el cambio de toma al Azud de la Marquesa, dejándolo en el limbo. Y todo ello, tras invertir miles de millones de euros en proyectos que hasta el día de hoy no han aportado el agua prometida.

Y ahora, es el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, ese tándem que enarboló la bandera del diálogo y que no ha sido capaz de reunirse y escuchar a los agricultores alicantinos ni una sola vez, el que, bajo la farsa del nombre propio de “Transición Ecológica” y escudándose en populistas y falsos argumentos ambientales, pone fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura para el año 2027, prometiendo inversiones multimillonarias imposibles de cumplir y materializar para paliar en parte el gravísimo daño que proyecta hacer, no solo a Alicante, Murcia y Almería, sino a todo el Estado. Lo que publica el Ministerio de Transición Ecológica encabezado por la ministra Teresa Ribera, es una especie de herencia diabólica, en la que ha sabiendas de que le queda poco en su gestión, pretende dejar programada la destrucción del desarrollo económico, ambiental y social del campo de la provincia de Alicante.

Con esta decisión, en el año 2027 se puede producir un colapso de nuestra economía por motivos de déficit hídrico gravísimo:  los acuíferos del Alto Vinalopó sobreexplotados y con la amenaza de cierre de pozos en 2027 si no se alcanza la situación de equilibro en dicho acuífero; el Trasvase Júcar-Vinalopó inviable por la alta contaminación de las agua a trasvasar desde la desembocadura del Júcar y el alto precio inasumible por los agricultores alicantinos; el Trasvase para uso agrícola liquidado a consecuencia del caudal ecológico impuesto por Teresa Ribera a petición del presidente de España, el cual, con tal de ganarse la opinión pública ha lanzado un mensaje absolutamente populista y ha prometido a los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía llenar los embalses, a los ecologistas, incrementar los caudales ecológicos y a los agricultores manchegos, incrementar los regadíos.

¿Y qué pasa con la desaladora de Torrevieja? Pues muy sencillo, el Ministerio de Transición Ecológica pretende llevar el 90% del agua desalada que produzca a Murcia y Almería, dejando tan solo el 10% para Alicante, dejando sin acceso a dicha agua al Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí, y la mayor parte del término municipal de Orihuela. Los municipios más próximos a la planta desaladora, los que soportan su impacto ambiental y en los que se ha expropiado a los agricultores para su instalación. Y, mientras tanto, nuestro Gobierno Valenciano sin enterarse de nada.

Quiero recordar que en mi primer discurso como presidente de ASAJA dije que apoyaba al presidente Ximo Puig en la defensa del agua para la provincia de Alicante. No podía ser de otro modo. Pero el hecho de no levantar la voz de forma contundente y clara contra la decisión de la ministra, lo convierte en cómplice de la misma, demostrando que era conocedor de ella, y que las múltiples declaraciones en pro de la defensa del Tajo-Segura eran pura palabrería.

Y hablando de palabrería, no puedo dejar de citar el anunciado y publicitado Plan Vega Renhace impulsado por el Consell. Un plan que resulta ser “papel mojado”, pues, por un lado, pretende desarrollar la agricultura como motor económico y social de la comarca de la Vega Baja del Segura, y, por otro, ve con buenos ojos la decisión del Gobierno de aumentar los caudales ecológicos que recortarán el Trasvase.

Nos quitaron el agua del Júcar, han programado quitarnos la del Tajo, y está previsto dejarnos sin agua desalada de la desaladora de Torrevieja. Desgraciadamente, ese es el panorama que cierne sobre nuestra tierra y que no cesará mientras la mano negra del PSOE esté en el Gobierno de España. De nosotros depende cambiar el rumbo.