La guerra en las inspecciones de equipos fitosanitarios no sólo no parece que vaya a remitir, sino que se radicaliza cada vez más y de las acusaciones e insinuaciones se están pasando a las denuncias. Aunque la Asociación Nacional de Inspección de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ANITEAF) ya había presentado varias denuncias previas, públicamente el enfrentamientocomenzó a primeros de abril, cuando Asaja y Cooperativas acusaron a las empresas privadas que participan en la Inspección técnica de equipos fitosanitarios de “maniobrar para controlar en régimen de oligopolio” este servicio.

Y ahora ha sido la propia ANITEAF la que ha salido a la palestra acusando literalmente a ambas asociaiones de querer «ocultar el fraude generalizado en las inspecciones que han venido realizando las estaciones ITEAF vinculadas a cooperativas y sindicatos, las cuales han sido denunciadas por parte de ANITEAF ante los Órganos Competentes de las diferentes Comunidades Autónomas, y que algunas de ellas incluso han sido suspendidas de actividad mientras se les  resuelve el expediente sancionador abierto, hecho que hace entender que los técnicos responsables de la administración califican como faltas graves en el cumplimiento del deber como entidad inspectora».

ANITEAF teme que el Ministerio ceda a las presiones y chantajes a las que está siendo sometido por Asaja y Cooperativas

Asimismo inciden en que Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de España «se oponen a que las empresas autorizadas como Estaciones ITEAF estén acreditadas por ENAC con una certificación que garantice la calidad de la inspecciones, con el instrumental y métodos adecuados».

De igual forma, recalcan que los Órganos competentes de las diferentes comunidades «no disponen de los recursos necesarios, ni de personal, ni de medios, para realizar su labor de forma que se garantice la correcta aplicación del control necesario en todo el territorio nacional, entre dos o tres funcionarios, y un vehículo que comparten con otros departamentos, tienen que controlar la actividad de hasta 70 empresas desarrollando su labor por todo el territorio de una  comunidad autónoma».

Es por ello que su «mayor preocupación a fecha de hoy» es que el Ministerio ceda a las presiones y chantajes a las que está siendo sometido por Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de España, «y se convierta en cómplice de aquellos que interponen sus intereses al interés general, atentando así contra la salud pública y el medio ambiente».

Para ANITEAF, lo que está «en juego no solo está la seguridad y salud de los usuarios de los EAPF, que con solo el atrapamiento por una toma de fuerza no protegida debidamente podría tener como resultado la muerte, sino también la seguridad y salud tanto de los consumidores que ven como diariamente llegan a sus mesas productos innecesariamente contaminados con LMR (límite máximo de residuos) que en algunos casos sobrepasan hasta tres veces lo permitido, como del medio ambiente que sufre en cada aplicación agresiones medioambientales en la misma proporción, innecesarias y altamente contaminantes».

De igual modo, ANITEAF recuerda que la certificación de equipos fitosanitarios sin que éste cumpla con los requisitos marcados por protocolo del manual de inspecciones «es incurrir en falsedad documental, y por tanto un delito que afecta a la salud pública y medioambiental».