Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso emitía una sentencia en la que declara ilegal las liquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en las compras de terrenos rústicos o de otras instalaciones de Explotaciones Prioritarias. En Castilla-La Mancha el problema no es tan grave, pero ASAJA ha planteado al Decanato de Registradores de la región algunos de los problemas que encuentran los agricultores en relación a las explotaciones prioritarias en región.

Concretamente, la organización agraria ha detectado que, como los certificados expedidos por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural sobre altas y modificaciones de las explotaciones prioritarias no se reciben simultáneamente en el Registro de la Propiedad, éste puede emitir el cobro de impuestos de los que las prioritarias están exentos.

Las explotaciones prioritarias cuentan con beneficios fiscales en las transmisiones de fincas o explotaciones, sin embargo, la falta de un canal directo entre ambos organismos provoca, en algunas ocasiones, que los certificados se reciban una vez ya se han emitido las órdenes de cobro de los impuestos.

Por ello, ASAJA CLM ha pedido a la Consejería de Agricultura que habilite alguna herramienta para agilizar las comprobaciones de los certificados expedidos y evitar así perjuicios para los agricultores.

En otro orden de cosas, la organización agraria y el Decanato de Registradores de Castilla-La Mancha también abordaron la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal que, entre otras cosas, introduce modificaciones en diversos tributos que afectan a los inmuebles.

Igualmente, durante la reunión mantenida se han analizado algunos problemas que surgen a la hora de escriturar fincas rústicas, así como otros asuntos de interés para agricultores y ganaderos.

Finalmente, ASAJA CLM y Decanato de Registradores de Castilla-La Mancha han acordado una colaboración continua para tratar todos los asuntos que afectan a la compraventa de fincas y explotaciones agropecuarias y facilitar, en la medida de los posible, las tramitaciones y gestiones de los profesionales del sector.