La organización agraria La Unión de Extremadura se ha preguntado este lunes sobre la necesidad de desplazar trabajadores de fuera para las recolecciones agrícolas en Extremadura, con 106.000 parados y con domicilio estable, con el riesgo sanitario que supone.

La Unión asegura que por la experiencia en las recolecciones de fruta en las comarcas de Lérida y de Huesca, estas labores «son un riesgo de infección» de la covid-19, no debido a la propia labor en el campo, sino por la afluencia de trabajadores de zonas infectadas y que trasladan la infección a estas comarcas, que con la convivencia en las mismas se expande de manera exponencial.

Señala que las condiciones de convivencia fuera de la jornada laboral suele ser otro foco importante de infección en la que ni los empresarios ni muchas veces las administraciones pueden hacer algo para evitar estos contagios.

A su juicio, lo idóneo sería que las labores de recolección se realizasen en la medida de lo posible con trabajadores locales, ya que los mismos al tener un domicilio fijo y un régimen de convivencia que entraña menor riesgo, da mayores garantías sanitarias.

Para esta organización agraria, el problema radica en que la disposición de mano de obra local disponible es insuficiente para realizar dichas recolecciones, además de que los trabajos del AEPSA en los municipios extremeños no se suspenden aunque haya escasez de mano de obra en el campo.

Recuerda que en Extremadura, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el mes de julio de 2020, había un paro registrado de 106.007 personas ( 69.181 en Badajoz y 36.826 en Cáceres) de las cuales, entre agricultura y sin empleo anterior tenía 18.844 parados (12.909 en Badajoz y 5.935 en Cáceres).

Lamenta que hasta la fecha ninguna administración «sea del color político que sea», ha querido intentar solventar la contradicción de tener el mayor para registrado y al mismo tiempo demandar mano de obra, por lo que ahora «sería el momento de acometer este problema por motivos sanitarios».

La Unión Extremadura exige a las administraciones afectadas que en base a garantizar la sanidad de los pueblos y comarcas, aprueben las medidas necesarias para conseguir que los trabajos de recolección se realicen en la medida de lo posible con mano de obra local.