La Coordinadora de la España Vaciada ha denunciado «la España a dos velocidades» que está incentivando el Gobierno con sus decisiones, tras anunciar el Ministerio de Política Territorial la ampliación de los aeropuertos de Barcelona, con 1.700 millones de euros, y del de Madrid, con 1.600 millones mientras se olvida de los pueblos rurales y sus necesidades.

La Coordinadora ha asegurado en un comunicado que esta decisión ahonda la brecha territorial de «la España a dos velocidades» y ha urgido al Gobierno a acelerar las inversiones en las infraestructuras pendientes de ejecutar en la provincias con problemas de despoblación, incluidas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 – 2024 y que llevan años esperando a ser ejecutadas (algunas de ellas 25 años).

Para las plataformas que componen la España Vaciada y para los habitantes de estos territorios, el anuncio de estas dos grandes inversiones, ha supuesto «una gran decepción».

En este sentido han apuntado que tan solo han bastado 15 días desde la toma de posesión de los nuevos ministros para acordar 3.300 millones de euros para estas dos infraestructuras en los aeropuertos, mientras que tras más de dos años de trabajo desde la Coordinadora, el golpe en la mesa que supuso la manifestación de la Revuelta del 31M, así como el trabajo de Teruel Existe en el Congreso y el Senado, las infraestructuras de estas provincias «no avanzan de una forma decidida para conseguir vertebrar todo el país».

Por ello han calificado la noticia de un claro ejemplo «de la ardua tarea que todavía queda por desarrollar para cambiar verdaderamente las sinergias de las decisiones políticas».

Para la Coordinadora, la ampliación de estos dos aeropuertos es la confirmación de que se continúa en la línea del agravio de destinar las grandes inversiones en proyectos estratégicos y de desarrollo económico a «los de siempre, las comunidades más ricas, que ostentan el poder económico, el desarrollo y las infraestructuras, y que son continuamente beneficiadas por los presupuestos generales del Estado».