La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders rechazan de manera conjunta la resolución aprobada por las consellerias de Sanidad y Agricultura dirigida a establecer medidas adicionales para la prevención y control del Covid-19 en el sector agrario porque “la Generalitat Valenciana elude su responsabilidad ante las próximas campañas de recolección y decide cargar conmás costes económicos y burocracia a los agricultores”.

Esta resolución publicada en el DOGV obliga a los titulares de explotaciones que van a realizar una contratación de trabajadores temporeros en la vendimia –ya iniciada desde la semana pasada– y en la inminente recolección de cítricos, caquis y otros productos valencianos a llevar a cabo una labor excepcional de información y de registro de datos personales. Estas instrucciones, que acarrean duras sanciones en caso de incumplimiento, se suman a otras medidas de seguridad ya contempladas contra la pandemia que en otras temporadas españolas ha supuesto un encarecimiento del 10-15% de los costes de producción.

Las dos principales organizaciones agrarias valencianas reprochan a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que no haya aceptado la solicitud de una reunión en las últimas semanas, con la asistencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, para abordar y consensuar las medidas a adoptar a fin de evitar contagios en el campo con la llegada de temporeros procedentes de otras comunidades e incluso de otros países y solo hayan optado por más costes y burocracia.

En este sentido, el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, y el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, coinciden en subrayar que “el Consell ha optado por volver a actuar de espaldas al sector agrario, por quitarse las pulgas y pasar el marrón a los agricultores en un tema tan sensible como es el Covid-19. Ni ha aceptado nuestra reivindicación de hacer pruebas PCR a los temporeros que van a venir a la agricultura valenciana –como sí han hecho otros gobiernos como La Rioja y Castilla y León– ni ha establecido compensaciones por todos los esfuerzos que van a soportar los empresarios agrarios y que agravan la ya de por sí precaria rentabilidad de sus explotaciones”.

A su juicio, “la Administración solo sirve si es capaz de solucionar los problemas y en este caso lo único que ha hecho es trasladarlos a los agricultores como si saliera gratis, sin ayuda y sin reconocimiento. Hay que recordar que el sector agrario ha mantenido durante toda la pandemia un comportamiento ejemplar, que no ha habido graves casos de afección de Covid-19 en el campo valenciano y que no ha parado para abastecer a la sociedad de alimentos en cantidad y calidad. Creemos que ahora no nos merecemos este desprecio y abuso”.