La Junta de Andalucía ha aprobado las nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a inversiones forestales no productivas, orientadas tanto a la prevención de incendios forestales como a la mejora ambiental y la resiliencia de los montes, en el marco del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027 y con financiación del FEADER y en las que la certificación de sostenibilidad PEFC, un elemento clave en las futuras ayudas forestales.
Estas ayudas, dirigidas a titulares privados de terrenos forestales, reconocen el papel clave de los montes en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y del agua y la prestación de servicios ecosistémicos fundamentales para la sociedad. En un contexto marcado por el aumento del riesgo de incendios y los efectos del cambio climático, la gestión forestal sostenible se consolida como una herramienta esencial para garantizar la estabilidad y el futuro de los ecosistemas forestales andaluces.
Las bases reguladoras se estructuran en dos líneas de ayuda complementarias.
Por un lado, una línea destinada a inversiones forestales para la prevención de daños por incendios forestales, orientada a reducir la vulnerabilidad de los montes frente al fuego y a reforzar su capacidad de resistencia.
Por otro, una línea de actuaciones selvícolas con objetivos ambientales, centrada en mejorar la estructura, diversidad y resiliencia de las masas forestales y favorecer su adaptación al cambio climático, incluyendo repoblaciones, desbroces, tratamientos selvícolas, apoyo a la regeneración natural, cortas sanitarias o la redacción y revisión de instrumentos de ordenación forestal.
En ambas líneas, las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con una puntuación máxima total de 100 puntos, y pueden alcanzar hasta el 100 % de la inversión subvencionable con un límite de 2.500 euros por hectárea. En este marco, la certificación forestal se mantiene como un criterio de valoración clave para el acceso a las ayudas, aportando en la línea de ayudas de actuaciones selvícolas con objetivos ambientales hasta 25 puntos en el caso de fincas de más de 400 hectáreas y hasta 20 puntos en fincas de menor superficie.
Junto a la certificación, las bases reguladoras contemplan otros criterios de priorización, como la ubicación de la finca en la Red Natura 2000 (hasta 25 puntos), su inclusión en parques naturales (hasta 5 puntos), la localización en municipios con riesgo de despoblación (entre 5 y 10 puntos), la existencia de instrumentos de ordenación forestal aprobados (hasta 20 puntos en fincas de menor tamaño), la presencia en áreas de conservación de especies protegidas (hasta 15 puntos) o la suscripción de convenios con la administración ambiental. En conjunto, este sistema de valoración refuerza la importancia de la planificación y la gestión activa, situando a la certificación forestal como uno de los elementos con mayor capacidad para mejorar la posición de las solicitudes en el proceso competitivo y reconociendo el compromiso de los propietarios forestales con una gestión planificada, responsable y verificable.