La Comisión Europea ha aclarado que la liberalización del viñedo prevista para 2030 es una decisión política que podría cambiarse y que existe la posibilidad de limitar el reparto de viñedo por agricultor y año es una decisión del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. Así se lo ha manifestado la directora general de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez, al presidente de ARAG-ASAJA, Javier Rubio, que acudió a Bruselas a pedir que la Comisión Europea revise la liberalización de plantaciones de viñedo prevista para el año 2030 «porque de llevarse a cabo podría suponer el quiebro de un sector estratégico para miles de explotaciones familiares en la Denominación de Origen Rioja».

Varios responsables de ARAG-ASAJA, acompañados por la diputada europea, Esther Herranz, que ha facilitado dicho encuentro, se han reunido con la citada directora general de la Dirección General de Agricultura de la CE y varios funcionarios del mismo departamento para pedirles una alternativa a la desaparición del control del potencial vitícola que en la actualidad tiene la Denominación Rioja y que podría producirse si se lleva a cabo la liberalización del viñedo prevista en la última reforma de la OCM del Vino.

ARAG-ASAJA defiende que «es importante, posible y adecuado que nuestra Denominación continúe controlando su potencial vitícola”

Los representantes de la Comisión Europea han expresado que la decisión de la liberalización del viñedo para el año 2030 obedece a un parecer político y “como tal, podría cambiarse si así lo decide el Consejo y el Parlamento, ya que es un tema sujeto a codecisión” han manifestado los miembros de la Comisión Europea.

Rubio le ha expuesto las características de esta Denominación basada en el modelo europeo de Denominaciones de Origen arraigadas a la tierra y a un sistema de calidad y de control de los más rigurosos de España y de la Unión Europea; con un reparto equilibrado de la riqueza distribuido entre los viticultores que son los que suministran la materia prima y, por otro lado, las bodegas, que son las que elaboran y comercializan el vino en su mayor parte; así como la estabilidad existente entre las producción y las ventas. Todo ello, ha manifestado el presidente de ARAG-ASAJA, gracias a la autogestión integral que realiza el propio sector, tanto de su potencial productivo como de su propio reglamento, “por eso es importante, posible y adecuado que nuestra Denominación continúe controlando su potencial vitícola” ha expresado Javier Rubio.

En este sentido y dentro del actual marco legal, de llevarse a cabo el control del potencial por parte de la Interprofesional éste debería basarse en la calidad, no en cuestiones económicas ni de mercado, les han trasladado los responsables de la Comisión Europea.

Javier Rubio les ha consultado también sobre cómo iba la propuesta que solicitó ARAG-ASAJA al Ministerio (de la que la Comisión Europea ha confirmado que ya ha recibido), para que, dentro del reglamento Omnibus y en el marco del reparto de las autorizaciones de viñedo, se limite la superficie máxima distribuida por agricultor y año, a lo que los responsables de la Comisión Europea han contestado que para modificar la norma actual tiene que haber un acuerdo al respecto entre la Comisión, el Consejo y Parlamento. La dilatación de dicho acuerdo condicionará que su aplicación se produzca en 2018 o más tarde.

Esta reunión se enmarca en la solicitud que realizó ARAG-ASAJA a la Comisión Europea hace tres meses con el objetivo de exponerle su rechazo a la liberalización del viñedo o, al menos, aspirar a poder controlar su potencial vitícola si ésta llega a llevarse a cabo. El encuentro se ha celebrado gracias a la interlocución de la diputada europea, Esther Herranz.