La planta solar fotovoltaica Ququima que se proyecta entre los términos de Baza y Caniles (Granada), supone la destrucción de más de 700 ha de terrenos agrícolas, dedicados en la actualidad a cultivos herbáceos y arboleda (pistachos, almendros y olivar) en secano y regadío, siendo principalmente producciones en ecológico. estor representará que cerca de un centenar de agricultores en contra de la planta se verán privados de su medio de vida y obligados a emigrar, según denuncia Agrapo.

Para la Asociación de Agricultores Ganaderos y Productores, otra gran obra amenaza el Geoparque de Granada con las premisas de «no dejar ningún beneficio para los afectados, no crear ningún desarrollo en la zona, ni mucho menos ofrecer compensaciones que mitiguen el fuerte impacto ambiental y socioeconómico del proyecto. Y es que los afectados del medio rural son los grandes olvidados por la administración pública. En el territorio se conocen muchas promesas de compensación como consecuencia de las afecciones provocadas por las grandes obras hidráulicas como el trasvase Negratín-Almanzora, sin embargo, el territorio sólo ha obtenido desempleo y despoblación como compensación».

LOS AGRICULTORES AFECTADOS PUEDEN PERDER LAS AYUDAS PAC Y LAS ECOLÓGICAS PORQUE DEBEN TENERLAS AL MENOS 5 AÑOS

Y es que la pérdida de 700 ha de terrenos agrícolas, muchas declaradas explotaciones prioritarias, supone despojar a más de 100 familias de su medio de vida y la pérdida de al menos otros 46 puestos de trabajo agrícola o UTAs.

Los agricultores también se enfrentan a las pérdidas de las ayudas de las PAC y las subvenciones del ecológico ya que deben mantener las producciones al menos durante 5 años. En cuanto a la ganadería extensiva, se perderán los aprovechamientos actuales de rastrojos, pastos de invierno, y restos de podas. Además, la actividad cinegética también se verá gravemente afectada.

Por otro lado, el proyecto Ququima ha provocado una gran incertidumbre inversora orientada a la mejora de la explotación agrícola por parte de los agricultores y se han parado las inversiones previstas para la industria alimentaria, como las procesadoras de pistachos que iban a implantarse en el entorno del proyecto.

Juan Gallardo, uno de los agricultores más afectados en estos terrenos agrícolas, que lleva viviendo de sus tierras heredadas generación tras generación durante más de 30 años, ha indicado que hay que respetar a los propietarios, agricultores que no han querido alquilar sus terrenos para la ejecución del proyecto y no se les puede aplicar la expropiación forzosa y se pregunta si la utilidad pública y el interés social y general de la producción de alimentos de los terrenos agrícolas no está por encima de la utilidad pública de las instalaciones energéticas de generación, sobre todo cuando el promotor puede utilizar otras parcelas aledañas. “Y es que durante la pandemia COVID-19 se ha demostrado que la agricultura y la producción de alimentos son una actividad esencial por su utilidad pública e interés social”, ha sentenciado Gallardo.

Desde que se aprobó la línea 400 KV entre Caparacena y Baza, la Asociación Agapro lleva reclamando un Plan de Ordenación del Territorio para la implantación de energías renovables con el objetivo de que sean compatibles con la actividad agrícola, sin embargo, ninguna administración ha tomado cartas en el asunto y ahora, en palabras del Presidente de la Asociación agraria, José Antonio Azor: “se cierne el desastre debido a la sinergia negativa de la gran cantidad de proyectos de generación eléctrica renovable que se pretenden realizar en la zona”, ha indicado.

Los agricultores que están en contra del proyecto ven como peligra su forma de vida y han denunciado el poco apoyo que reciben de las administraciones y sobre todo de los ayuntamientos implicados.

A este respecto, recuerdan que los ayuntamientos piensan que van ha recibir montones de ingresos por las licencias a estos macroproyectos de renovables, pero se equivocan. La declaración de Utilidad Pública implica la exención de licencias municipales, exime de la prestación compensatoria por el uso del suelo no urbanizable y obtiene descuentos de hasta el 95% en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por otro lado, no hay impuesto sobre actividades económicas, ya que la sede matriz de la empresa promotora se encuentra en Madrid.

Según AGAPRO, es innegable que el proyecto provocará sobre el territorio la destrucción de hábitats, la posible extinción de la mariposa Baza (Euchloe Bazae), desplazamiento de aves esteparias, la fulminación de la actividad agrícola, ganadera y cinegética, la desaparición de las expectativas agrícolas en la zona de los regadíos de las comunidades de regantes, la destrucción del paisaje y el turismo, en definitiva, la desolación de la España vaciada en beneficio de grandes empresas multinacionales que expolian los recursos de las zonas rurales dejando a su paso la desolación y la depresión.