Por el momento el proceso se encuentra en una fase preliminar, pero la intención de varios bufetes de abogados de pedir más de mil millones de euros en indemnizaciones a las grandes lácteas del país por haber pactado precios durante más de una década pone en entredicho la viabilidad de todo el sector. Miles de ganaderos se han adherido ya a estos procedimientos de demandas millonarias, y aunque se trata de un proceso que se augura largo y lento, fuentes de la industria láctea nacional reconocen a Efeagro que existe «preocupación», y no sólo entre las compañías afectadas.

Los despachos Eskariam, Balms, Redi y Álvarez Real son algunos de los que han hecho «campaña» para las demandas millonarias durante los últimos meses para darse a conocer en las principales regiones ganaderas del país (Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias, Andalucía y Cantabria, fundamentalmente) y «captar» a los dueños de las explotaciones. Incluso UPA CyL ha puesto a disposición de los ganaderos sus propios abogados que no cobrarán nada hasta que se gane el pleito.

Entre todos dicen haber sumado a cerca de 3.000 ganaderos, y según sus cálculos prevén pedir una indemnización superior a los mil millones de euros. Para entender la magnitud del asunto, basta recordar que la facturación de «gigantes» como Capsa o Calidad Pascual -dos de las demandadas- ronda los 700 millones de euros al año.

UN 10% DE LO FACTURADO POR LOS GANADEROS

«El sector está preocupado por lo elevado de las indemnizaciones, se puede poner en riesgo la supervivencia de las empresas», explica un miembro de esta industria que advierte además del impacto que puede tener a corto plazo a nivel de inversión, con las compañías más retraídas a la espera de saber cómo evoluciona el caso.

El proceso de estas demandas millonarias es seguido de cerca también por las administraciones públicas, según estas mismas fuentes; la industria láctea es una parte relevante de la economía en varias regiones del norte del país, especialmente en las zonas rurales. Para calcular las millonarias reclamaciones, los métodos varían en función del despacho. En general, estiman que cada ganadero puede reclamar entre un 10 % y un 12,5 % de lo que facturaron durante esos años.

Las proyecciones oscilan entre 1 y 3 céntimos por litro de leche, por lo que la supuesta indemnización dependerá del número de vacas de cada ganadero. Aproximadamente cada vaca genera unos 30 litros de leche al día de media a lo largo del año.

Desde el sector industrial se defienden: creen que estos abogados generan «mucho ruido», que han ganado adhesiones a base de estimaciones hinchadas al prometer a los ganaderos pingües beneficios a coste cero e insisten en que la investigación de las autoridades está recurrida y detectó irregularidades pero no que existiera un cártel como tal.

LA SANCIÓN DE COMPETENCIA, RECURRIDA

El caso tiene su origen en la resolución de las autoridades de Competencia de hace justo un año, cuando tras corregir un defecto de forma a instancias de la Justicia, decidieron imponer una multa de 80 millones de euros a empresas y asociaciones del sector lácteo por considerar probado que intercambiaron información entre 2000 y 2013 para influir en los precios a pagar a los ganaderos.

Las mayores sanciones fueron para Capsa (21,8 millones), Danone (20,2 millones) Lactalis (11,6 millones), Calidad Pascual (8,5 millones) y Nestlé (6,8 millones). Todas ellas han recurrido la decisión, niegan haber pactado precios y están a la espera del dictamen del juez; fuentes jurídicas calculan que los tribunales tardarán en pronunciarse en torno a un año como mínimo.

De hecho, la Audiencia Nacional ya aceptó las medidas cautelares solicitadas por Danone, a la que ha eximido de pagar la multa de 20,27 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el caso de la leche por pactar precios.

En los últimos meses, la actividad de los bufetes interesados en el procedimiento ha sido frenética con el objetivo de interrumpir legalmente la prescripción de los delitos, que situaban en julio.

Los abogados ya han anunciado alianzas con firmas de peritaje y otros asesores internacionales especializados en demandas colectivas de este tipo. Un ejemplo es Eskariam, que se ha aliado con Hausfeld, un despacho famoso por su participación en reclamaciones a cárteles como el de los fabricantes de camiones a nivel europeo.

Estos acuerdos también generan inquietud en las empresas lácteas afectadas, que confían en que la Justicia tumbe la resolución de Competencia para no enfrentarse a un escenario complejo de litigios e indemnizaciones millonarias que puede colocar a algunas en la cuerda floja.

(Texto: Óscar Tomasi / Efegaro)