La Comisión Europea (CE) desveló este miércoles 20 su esperada estrategia «De la granja a la mesa», un plan que pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y consumo de alimentos más sostenibles, que llega en mal momento para el sector, por el impacto de la crisis del coronavirus y porque recoge directamente un menor consumo de carne. Por eso, todo el sector coincide en sus críticas a esta nueva política verde europea y señala que «no vamos a permitir que los agricultores financien una vez más las políticas de escaparate verde de la UE”, como señala COAG; «La CE cede a los presiones ecologistas y asesta un duro golpe a la agricultura productiva europea», denuncia Asaja; «estos objetivos tendrán un coste que deberá ser compensado», resalta UPA.

Junto con ese plan, Bruselas presentó una nueva estrategia sobre Biodiversidad para asegurar el uso sostenible de los recursos y combatir la contaminación.

Sin ser propuestas legislativas, el objetivo de ambas iniciativas de la política verde europea es abrir el debate sobre la transformación de la política alimentaria europea y las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad, en el marco del Pacto Verde con el que Bruselas quiere lograr una economía neutra en emisiones de CO2 en 2050.

«Ambas son centrales para el plan de recuperación de la UE. Son cruciales para garantizar nuestra salud, bienestar y crear las inversiones necesarias para restablecer la economía lo antes posible», dijo en su presentación el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans.

«no vamos a permitir que los agricultores financien una vez más las políticas de escaparate verde de la UE”

Las reacciones no se han hecho esperar. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) comparte los objetivos de la estrategia “De la Granja a la Mesa” pero difiere claramente en la forma en la que se pretenden abordar. “Resulta hipócrita e incoherente que la UE pretenda que los agricultores y ganaderos afronten los retos de un sistema alimentario más sostenible, con el consiguiente aumento de costes que eso supone,  bajo la amenaza de recortes en el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y la destructiva competencia desleal de las importaciones de terceros países. No vamos a permitir que los agricultores financien una vez más las políticas de escaparate verde de la UE”, ha subrayado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, a lo que ha añadido; “si los políticos de Bruselas quieren lucir escaparate tiene que haber recursos en la trastienda, y eso pasa por reforzar el presupuesto para las políticas agrarias y exigir los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria, sanidad vegetal y bienestar animal, a las importaciones agrarias de terceros países”.

En este sentido, desde COAG se reclama a la UE que, antes de implementar la estrategia verde europea,  se revisen todo los acuerdos comerciales de libre comercio con terceros países, se refuerce el control de las importaciones, es establezcan políticas de preferencia comunitaria y se apueste de forma decidida por la potenciación del modelo social y profesional de agricultura para garantizar la soberanía alimentaria de Europa.

De ahí, que COAG coincida con la comunicación presentada por la Comisión, a la hora de resaltar que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de “un sistema alimentario robusto y resistente que siga funcionando en todas las circunstancias, capaz de garantizar el acceso a un suministro suficiente de alimentos asequibles para los ciudadanos”.

Al tiempo que comparte que “la sostenibilidad”, incluida nuestra capacidad para garantizar la seguridad alimentaria, se basa en nuestra capacidad de cumplir simultáneamente con los objetivos ambientales, económicos, de salud y sociales del Pacto Verde Europeo. “Por ello, resulta imprescindible que las decisiones que se tomen integren una Política transversal e integral; que aúne la sostenibilidad económica, social y medioambiental, que aborde los retos sobre el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, así como las demandas y necesidades sobre sistemas alimentarios más sanos y sostenibles o la situación del despoblamiento y el relevo generacional y la incorporación de jóvenes. Todo ello teniendo el modelo de agricultura social y profesional de pequeños y medianos agricultores como base y eje prioritario”, ha precisado Blanco.

«La política verde europea cede a los presiones ecologistas y asesta un duro golpe a la agricultura productiva europea»

Por su parte, ASAJA urge al Comisario de Agricultura «a defender a los productores y la garantía de abastecimiento alimentario de la UE. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del Coronavirus que está afectado a toda Europa es el papel estratégico de nuestra agricultura y el servicio imprescindible que los productores agrarios están prestando a toda la sociedad. Sin embargo, la Comisión Europea, ajena a todo y cediendo a las presiones del lobby ecologista, presenta en Bruselas dos Comunicaciones, por el momento propuestas no vinculantes, que suponen un grave e injustificado ataque a la agricultura productiva de la UE».

Para la organización, se trata de una política regresiva que pone en peligro nuestra independencia alimentaria y que es totalmente contraria a la que siguen otras potencias alimentarias mundiales.

Asaja critica que la «Comisión plantea una serie de condicionantes como son el que se amplíe la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% de la superficie agraria total de la UE para el año 2030, así como que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos; que se reduzca el uso de abonos en un 20% y el de fitosanitarios en un 50%. También se abre la posibilidad de incrementar las zonas incluidas en Red Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera. Un autentico desarme de la agricultura y un cambio de papel para los productores agrarios que se convertirán en meros jardineros de Europa».

Asimismo, ve que «se trata de un paso atrás en toda regla en conceptos que ya estaban consolidados en la política agraria de la Unión Europea como son la seguridad alimentaria o el abastecimiento seguro, estable y saludable, que vuelven a ser una de las mayores prioridades de la sociedad europea. El sector productor, que ha estado y está prestando un servicio que garantiza seguridad alimentaria y aportando tranquilidad a la población, necesita poder contar con las herramientas necesarias para realizar su labor diaria».

«La estrategia debe ser una oportunidad pero estos objetivos tendrán un coste que deberá ser compensado»

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ve que un un primer análisis la estrategia verde europea tiene “ideas interesantes y positivas”, pero también algunas “invenciones e incongruencias”, que deberán pulirse, auque insistiendo en que “estos objetivos tendrán un coste que deberá ser compensado”.

Entre lo más positivo, a juicio de UPA, está el hecho de que la estrategia pone “en el centro” a los agricultores y ganaderos como protagonistas de la cadena agroalimentaria y trabajará para mejorar sus condiciones y evitar los abusos. En esa línea, se promoverán los canales cortos de comercialización y se trabajará con la idea de lograr un “comercio justo” de los alimentos. Algo que coincide con la histórica reivindicación de “precios justos” que los productores llevan años reclamando.

“La apuesta por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y contra el desperdicio alimentario es algo loable y urgente y contra lo que no cabe crítica alguna”, aseguran desde UPA. Aunque Europa debe tener en cuenta que la sostenibilidad tiene tres ejes: el medioambiental, el económico y el social, y “no tiene sentido impulsar uno de ellos olvidando los otros”.

Sin embargo, UPA ha mostrado sus dudas sobre las intenciones de la Comisión Europea de promover la reducción del uso de productos fitosanitarios y antibióticos en unos porcentajes muy importantes. “Compartiendo el objetivo de la reducción, la UE no debe olvidar que esos productos se usan porque son necesarios y siempre que su uso sea seguro y esté autorizado por las autoridades europeas y nacionales. No se puede prohibir sin dar alternativas –y compensaciones– a los afectados”, sentencian. “Y sobre todo cuando luego se da entrada a productos de fuera con requisitos mucho menos restrictivos”.

Una de las ideas más “peregrinas” de esta estrategia y que más molesta en UPA es la intención de promover una menor producción de carne. Algo que no tiene sentido en España, donde la producción ganadera es una actividad sostenible e integrada en el territorio, con una enorme importancia socioeconómica y en muchos casos un alto valor ambiental. Este tema debe ser, a su juicio, “desterrado de inmediato de la estrategia”, dado que además el consumo de carne no es en absoluto excesivo según las autoridades sanitarias.