La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, ha animado a los citricultores de la provincia de Alicante a denunciar las prácticas ilegales y evitar la venta a pérdidas.
Lo ha hecho durante las segundas jornadas de cítricos que han tenido lugar este jueves en Orihuela (Alicante) y a la que han asistido más de doscientos agricultores, productores y comercializadores, además del presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Gracia.
El objetivo principal de esta cita, organizada por Asaja de Alicante, el Instituto Juan Gil-Albert y el Ayuntamiento de Orihuela, es ofrecer un monográfico sobre la situación de la producción y comercialización de los cítricos en la comarca de la Vega Baja y en el resto de la provincia alicantina, informar sobre la ley de la cadena alimentaria y plantear estrategias de futuro para el sector.
Dicha ley, modificada en diciembre de 2021, “es un instrumento que tienen los productores para defender unos precios justos en origen”, ha explicado Hernández, para recalcar que para eso hace falta denunciar las prácticas ilegales que se cometan.
Importantes figuras de la citricultura como Enrique Bellés, presidente de Intercitrus y José Antonio García, director de Ailimpo, han expuestos los principales retos del sector.
“Para ser líderes en un mercado tan globalizado como el actual debemos ser competitivos, pero a la vez preguntarnos si somos eficientes, y para ello hay que trabajar en varios aspectos como la estructuración del sector, la renovación de las nuevas generaciones y la promoción”, ha indicado Bellés.
EN LO QUE LLEVAMOS DE SIGLO SE HAN PERDIDO 34.000 HECTÁREAS DE SUPERFICIE DEDICADA A CÍTRICOS EN LA C. VALENCIANA
Se ha celebrado asimismo una mesa redonda para debatir los principales retos de futuro, moderada por Raquel Fuertes, gerente de Valencia Fruits. Han participado José Enrique Sanz, gerente de Indicación Geográfica Protegida Cítricos Valencianos; Vicente Faro, presidente de Agricultura Ecológica CV; Óscar Orzanco, director de Valencia Fruits, y Antonio Pujante, director comercial de Mundosol Quality.
Durante la jornada, el técnico de Asaja y profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Lorenzo Chinchilla, ha afirmado que “la citricultura valenciana, que ha sido el motor económico y social del territorio y la sociedad, se enfrenta a una etapa de profunda reconversión, de adaptación a las nuevas reglas”.
Según el Diagnóstico del Sector Citrícola de la Comunitat Valenciana, en lo que llevamos de siglo se han perdido 34.000 hectáreas de superficie dedicada a cítricos, lo que ha supuesto la desaparición de 71.600 explotaciones de menos de 20 hectáreas, cuya superficie media era de menos de una hectárea, ha señalado Hernández.
También ha explicado que las hectáreas pérdidas en la Comunitat Valenciana las ha ganado Andalucía. “Muchas empresas valencianas se han ido allí a plantar en busca de mayor tierra disponible para ampliar cultivos. Precisamente, el tamaño de nuestras explotaciones es uno de nuestros hándicap”, ha apuntado.
La principal consecuencia de este declive es que se ha pasado de representar el 80% de la producción nacional a solo el 50%.
En Alicante, en cada campaña citrícola trabajan más de 9.200 trabajadores a tiempo completo. Más del 50% se concentran en el limón; un 25%, en la mandarina, y un 25%, en la naranja. En cuanto a volumen económico, la provincia genera más de 209 millones de euros de producción bruta.
En la actualidad existen más de 30.000 hectáreas en el territorio alicantino, de las cuales el cultivo principal es el limón, seguido de la naranja y la mandarina.
Históricamente, la mandarina ha ido ganando terreno a la naranja y, hoy en día, Alicante está apostando muy fuerte por nuevas variedades de esta fruta con un alto rendimiento económico y royalty, como Orri y Nadorcott.
El presidente de Asaja de Alicante ha recordado la “incertidumbre” que se vive en el campo “a causa de los recortes del trasvase Tajo-Segura que tendrán lugar a partir de 2023”.
“La gestión hídrica frente al cambio climático que nos anuncian desde el Gobierno central implica la desaparición progresiva del 50 % de la superficie agraria útil que depende del trasvase”, ha estimado Andreu, que defendido la necesidad de denunciar las prácticas ilegales.