El Gobierno presentará «próximamente» un reglamento para organizar un registro de contratos alimentarios con el fin de «eliminar definitivamente» la venta a pérdidas, según ha confirmado en el Senado el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ernesto Abati.

El subsecretario ha mencionado este proyecto durante su comparecencia este miércoles ante la Cámara Alta, para explicar la sección del proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) de 2023 correspondiente a su ministerio. La petición de eliminar definitivamente la venta a pérdidas es una de las grandes reivindicaciones de todo el secto agario desde hace muchos años.

En su debate con los miembros de la Comisión de Presupuestos del Senado, Abati ha aludido a la normativa sobre el registro de los contratos, enmarcada dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria, que persigue reducir las prácticas desleales en las relaciones entre agricultores, industria y distribución.

El subsecretario ha defendido las cuentas del MAPA mientras que todos los senadores que han intervenido menos el del PSOE (Amaro Huelva) han dicho que esas dotaciones no bastan (Unidas Podemos no cuenta con representantes en el Senado).

El MAPA tendrá un presupuesto de 8.970,13 millones, un 0,4 % superior al de 2022, según ha explicado Abati, quien ha celebrado los incrementos de las partidas para los seguros agrarios, para el regadío y para la pesca.

José Manuel Martín Gascón (Grupo Mixto, Vox) ha calificado esta dotación de ridícula, mientras que los populares Jorge Martínez Antolín y Amaya Landín han pedido, respectivamente, la retirada de los PGE y un refuerzo de las partidas para la pesca.

Beatriz Martín Larred (Grupo Parlamentario democrático, Teruel Existe) ha criticado que su provincia salga mal parada en los criterios de reparto de los pagos de la PAC, incluso «peor que las otras dos aragonesas».

Por parte de Izquierda Confederal, Fabián Chinea (Agrupación Socialista Gomera) ha calificado las cuentas agrícolas de insuficientes y ha pedido más ayudas dentro de la propia Ley de la Cadena Alimentaria y para mejorar los regadíos en islas como La Gomera.

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