El pasado mes de marzo, desde el Sindicato Labrador Galogo (SLG) elogiában las primeras resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia (TELAR- G) que estimó las reclamaciones interpuestas contra las liquidaciones de IRPF que había hecho la Agencia Tributaria por las transmisiones de derechos de pago único de la PAC entre cónyuges casados en régimen de gananciales, que desde el SLG considerában injustas.

Sin embargo, esta semana conocemos que el mismo TELAR- G viene de resolver que, cuando esas transmisiones de derechos de pago único se realizan de padres o madres a hijos o hijas, deben ser consideradas como una ganancia patrimonial, de manera que obligan a tributar a la persona que cede la titularidad de la explotación a su hijo o hija.

Para el Sindicato Labrador Gallego, esta resolución, «además de ser injusta, torpedea el relieve generacional en la profesión agraria, que está sufriendo una aguda crisis por envejecimiento en la Galicia. Hace falta destacar el hecho de que, en el sector bovino (lácteo y vacuno de carne) una de las principales maneras de incorporarse es por la transmisión de padres y madres a hijos y hijas, ya que las dimensiones de una explotación rentable hoy en día hacen prácticamente imposible la inversión necesaria para poder comenzar desde cero en la actividad».

Desde hace varios años, la Agencia Tributaria graba como ganancia patrimonial los cambios de titularidad en una explotación y la transmisión de bienes que lleva aparejados, como los derechos de cobro de la Política Agraria Común (PAC). En este caso, la AEAT entiende que se produce una ganancia patrimonial por la que obliga a tributar a la persona que cede la titularidad de la explotación, «aunque esta ganancia no se produce realmente, pues se trata de una cesión de la explotación dentro del ámbito familiar sin que haya contraprestación económica».

Por esto, el Sindicato Labrador decidió llevar esta cuestión al Consejo Agrario Gallego para que realice una reclamación unánime a la Agencia Tributaria de cara a retirar el deber de tributar a las cesiones de derechos de la PAC de padres y madres a hijos y hijas por ser totalmente injusta, además de un lastre para el necesario proceso de rejuvenecimiento de nuestro campo y medio rural a través de la incorporación de jóvenes a la profesión agraria.