Mauri Bosch, / Responsable de la sectorial de la Huerta de JARC y productor del Parque Agrario del Llobregat

La Administración catalana, especialmente el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), a menudo actúa de espaldas a las personas que vivimos en el territorio rural de Cataluña. La agricultura no solo ha desaparecido del nombre del Departamento, sino que ha perdido peso específico, a pesar de que su discurso vaya por otro lado y repita que la actividad agraria es esencial.

Desde JARC, hemos denunciado la toma de decisiones de forma unilateral por parte del DACC, sin tener en cuenta los principales afectados. Y es que desde el sector ya estamos cansados de políticas idealistas que son totalmente incompatibles con la actividad agraria.

En ciertos aspectos, la Administración está tomando decisiones sin contar con algunos representantes del sector, seguramente, sabedores de nuestra oposición a iniciativas que supondrían un gran agravio para la agricultura o la ganadería, como por ejemplo, la reintroducción de grandes carnívoros, la ampliación de zonas ZEPA o posibles macro proyectos energéticos en suelo productivo.

Hablan de soberanía alimentaria, pero su vez, se permite que la fauna salvaje arrase los cultivos. La Agencia Catalana del Agua, por falta de presupuesto, no hace efectiva su obligación de limpieza de cauces y ríos, con riesgo de inundación que comporta, pero tampoco se permite a los profesionales agrarios llevarla a cabo; o se pretende aumentar la superficie natural protegida cuando no existe ningún tipo de gestión de una masa forestal (más de 2 millones de hectáreas en Cataluña), que crece sin control, y se convierte en combustible para los incendios, cada vez más frecuentes y virulentos.

Un ejemplo de políticas contrarias a la actividad agraria y desarrolladas de espaldas al sector es el proyecto de ampliación de las zonas ZEPA en el Baix Llobregat y, que prevé aumentar las hectáreas protegidas de 965 a 2.381, según el acuerdo de Gobierno presentado a consulta pública.

Este es un proyecto basado en el requerimiento realizado por la Comisión Europea de reforzar las medidas de protección del Delta de Llobregat, pero que no implica ampliar la zona protegida sino mejorar su gestión. A pesar de los esfuerzos de nuestra organización por celebrar una reunión con el DACC para recibir una explicación, como parte interesada y organización con representatividad en el sector, el Departamento ha ido aplazando nuestra solicitud.

Desde JARC, advertimos que la reconversión de las tierras agrícolas en zona ZEPA puede ser la sentencia de muerte de muchas explotaciones, y que hay que evitar confundir parque agrario con parque natural, cuando existen otras muchas localizaciones en la zona que se podrían destinar a la protección de aves.

Si bien el DACC asegura que en caso de confrontación entre la legislación de las zonas ZEPA y el plan de usos del Parque Agrario, prevalecería este último, desde JARC sabemos que es imposible y dada esta situación prevalecería la europea, la de rango superior.

La realidad es que con la zona ZEPA llegarán una serie de restricciones de uso de la normativa del Parque Agrario y, de gestión del territorio, incrementando los daños de fauna y pérdida de rentabilidad, que harán inviable la actividad al espacio agrícola más importante del área metropolitana de Barcelona.

Ante esta actitud, que consideramos desleal por parte de la Administración y, a la espera de poder realizar, por fin, una reunión (prevista a finales de este mes) con el secretario de Agenda Rural del DACC, Oriol Anson; el director de Medi Natural, Marc Vilahur; y el director de los Serveis Territorials de Barcelona, Josep Pena, desde JARC analizaremos la información en exposición pública y, en consecuencia, emprenderemos las acciones pertinentes para defender del sector agrario.