La  responsable de la sectorial de la Viña de JARC, Isabel Vidal, ha comparecido este martes 29 en el Parlament ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) en relación a la situación de los viticultores productores de uva y de vino base para la D.O. Cava.

Vidal ha instado a los miembros de la Comisión a que trabajen conjuntamente para buscar soluciones para el sector, empezando por debatir sobre el régimen de plantaciones de viña, la ley de la competencia o la ley de morosidad, normativas europeas y estatales susceptibles que se pueden cambiar si no cumplen su función.

Por otro lado, la jefa sectorial de la Viña de JARC quiso compartir en el Parlament unas reflexiones dirigidas al sector productor y elaborador, uno de los pocos sectores, para no decir el único, que dispone de herramientas para regular y equilibrar la oferta y demanda. Vidal ha anunciado que “exigiremos claridad y compromiso por parte de las empresas elaboradoras, tenemos que saber cuál es su estrategia y si esta es sostenible y compatible con un sector que se quiere reinventar”.

JARC ha instado, también a implementar el plan estratégico de la D.O.P. Cava u otras alternativas como hacer ecológica la viticultura de una denominación de origen entera, o la inscripción única de las parcelas de viña dentro de una D.O.

Normativas que perjudican al más débil de la cadena

 En su intervención, JARC ha repasado las diferentes regulaciones, normativas y Leyes que pretenden “ordenar” el sector pero que dejan desprotegidos a los productores. Vidal ha citado la normativa que regula el potencial de producción vitícola (RD1338/2018 del 29 de octubre y posterior modificación parcial RD536/2019 del 20 de septiembre), que establece un plazo máximo de 5 años entre el arranque de una parcela de viña y su replantación; con el objetivo de ofrecer una oferta continuada y suficiente, “deja muy poca capacidad de autogestión al viticultor” y, además, ha añadido que va en contra de las buenas prácticas agrícolas en términos de sanidad vegetal.

Este mismo reglamento establecía el nuevo sistema para las plantaciones de viña basado en autorizaciones a partir del 2016, una normativa que ofrece autonomía a los órganos de gestión de las denominaciones D.O. para hacer recomendaciones de no plantar si se demuestra que hay riesgo de una oferta excesiva.

Vidal denuncia ante el Parlament que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiento denegó la petición que JARC realizó, en el marco del pleno del CR de D.O.P. Cava, y permitió una ampliación de 6.000 hectáreas de superficie plantada, en contra de lo que recomendaba el estudio realizado por la entidad agraria. En cuanto al precio, JARC propone que los observatorios de precios de cada sector agrario, que dispongan de histórico de estudios de costes de producción, funcionen como mesas sectoriales “donde se pueda debatir y proponer un precio mínimo de referencia para garantizar la rentabilidad y el futuro”.

Como crítica a la Ley de la Competencia, Vidal ha recriminado que no preserva el sector agrario, “puesto que al tratarse de productos perecederos o frescos están en posición de debilidad ante las empresas elaboradoras y no tienen margen para disconformidad u oposición.” También ha lamentado que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que pretende proteger el operador más débil con la formalización de contratos por escrito que incluyan el precio y los plazos de pago, se vulnere constantemente.

Esta Ley regula que los productos perecederos o frescos como la uva se tienen que pagar a 30 días desde la finalización de la entrega a la bodega, pero en la mayoría de los casos no se cumple porque se acogen a una nota interpretativa, publicada posteriormente, sobre una supuesta “validación de la cosecha”, que les permite dividir el pago en diferentes plazos. Esta situación deriva en algunos casos en que los productores no cobran hasta el primer trimestre del año siguiente a la vendimia. JARC ha solicitado en el Parlament que se revise esta interpretación totalmente insostenible por los viticultores.

Grandes empresas que buscan rentabilidad inmediata

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Parlament, JARC ha resumido los acontecimientos sucedidos en torno a “la bajada ruinosa” del precio de la uva y del vino base, que culminó con una parada por parte de viticultores y cooperativas y una gran movilización en el Penedès, que reunió 500 viticultores y 300 tractores.

Vidal ha vuelto a expresar como grandes empresas elaboradoras como Codorníu-Carlyle, Freixenet-Henkell y Jaume Serra, ignoraron la recomendación que JARC realizó, en el marco del Pleno de la D.O., de subir el precio de la uva en todas las variedades y calidades por la campaña de este año, y provocaron “una situación dramática por los viticultores pocos días antes de empezar la vendimia.”

El motivo, según la representante de JARC, está claro, es “fruto de una política desacertada del cava promovida por las grandes empresas y aceptada por el resto del sector. Se ha querido conquistar los mercados a base de volumen y precio y esto no es compatible ni con el espíritu ni las normas de una Denominación de Origen.”