El vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Antonio Fernández, ha criticado que el Gobierno haya aprobado un trasvase, del que duda de su legalidad, del Tajo al Segura, y ha explicado que los embalses de cabecera necesitan «una lámina mínima» para poder desarrollarse.
En declaraciones a EFE, Fernández, alcalde del municipio conquense de Valle de Altomira, ha reconocido que se temían que el Gobierno central fuera a aprobar otro trasvase y cree que «se están pasando un poquito», además de poner en duda la legalidad de los trasvases que apruebe un Gobierno en funciones.
El regidor ha lamentado que «mientras haya agua, van a seguir trasvasando», y ha reiterado que los embalses de cabecera necesitan una lámina permanente de agua para poder hacer infraestructuras en torno a ella, pero lo están intentando y no les hacen ni caso.
critican que a este paso «nosotros somos los más pobres de España y los murcianos, los más ricos de España»
Fernández ha señalado que la próxima semana se reunirá la directiva de la Asociación de Ribereños para tomar alguna medida al respecto.
Ha criticado que si «siguen haciendo lo que les da la gana pasará esto: que nosotros somos los más pobres de España y los murcianos, los más ricos de España».
Por su parte, la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche ha criticado que el trasvase «equivale al consumo de 10 años» de una ciudad como Toledo y que va a provocar que el canal del trasvase Tajo-Segura sea el río «más caudaloso» de la región este verano.
Para la Platafoma del Tajo, «se mentiene una situación catastrófica, solo para alimentar los negocios privados de un sindicato de regantes»
En una nota de prensa, la Plataforma ha recriminado la aprobación por parte del Ministerio y ha señalado que el Gobierno en funciones «se pliega completamente a las exigencias de los regantes del trasvase Tajo-Segura».
«El Tajo está muerto a su paso por su cauce natural y en especial el tramo entre Toledo y Talavera de la Reina», ha denunciado la Plataforma, que sigue rechazando «la política hidrológica, filibustera y anacrónica que mantiene la situación catastrófica del Tajo, solo para alimentar los negocios privados de un sindicato de regantes».
Por ello, exigen la puesta en funcionamiento de las desaladoras, y la reconversión agrícola y urbanística en el sureste porque, a su juicio, no se puede «estar pagando en la cuenca del Tajo el desarrollismo sin límites del regadío».