José Antonio Turrado / Secretario general de ASAJA Castilla y León

En una democracia consolidada como la nuestra, las organizaciones que representan a sectores socioeconómicos, como es el caso de las organizaciones profesionales agrarias, deberían de tener un reconocimiento legal y una financiación pública y transparente, a la vez que estable, para cubrir una parte del presupuesto. La financiación pública, con reparto sujeto a criterios objetivos que tenga en cuenta la representatividad real, es la que garantiza la independencia para el posicionamiento en la política agraria y en general sobre todas y cada una de las medidas legislativas que afectan al sector que representamos. En Castilla y León, sin que haya una ley que reconozca claramente lo que somos y lo que representamos, y tampoco la forma de financiarlo con los presupuestos públicos, tenemos que decir que los distintos gobiernos nos han tenido una razonable consideración, y han proporcionado una financiación pública escasa, pero estable y conforme a los resultados electorales en las elecciones agrarias. Y quien ha querido ser independiente, como es el caso de ASAJA, ha podido serlo.

Las organizaciones agrarias, y tanto ASAJA como las demás, atendiendo a las necesidades y demandas de los socios, hemos abierto el abanico de nuestros cometidos prestando una serie de servicios que consumen una cantidad ingente de recursos, sobre todo de costes laborales del personal técnico que tenemos empleado. Con la financiación pública y con la aportación de los socios, por la vía de la cuota o con otras fórmulas, se han de equilibrar las cuentas para que las organizaciones sean viables también desde un punto de vista económico. Y llegado a este punto, que nadie se engañe, porque lo que no se financie con dinero público, al que tenemos derecho legítimo, se ha de financiar con la aportación de todos y cada uno de nosotros. Una aportación que en mí opinión en todo caso será modesta y asumible, pero no es menos cierto que cada cual decide qué es mucho o poco y en qué se quiere gastar su dinero, y en esto los agricultores, a pesar de recibir mucho de las organizaciones agrarias, no somos distintos al resto de la sociedad.

La mayoría de las organizaciones agrarias, rondando los cuarenta años de existencia, disponen de medios para funcionar y aguantar el envite de un Vicepresidente de la Junta que amenaza con recortar subvenciones institucionales a organizaciones sindicales y empresariales, entre las que estamos incluidos. No está en riesgo la representación del sector, ni la prestación de servicios, pero sí está en riesgo la dignidad de nuestro colectivo. Ante los gobernantes que desconocen lo que somos y lo que hacemos en las organizaciones agrarias, los agricultores y ganaderos tenemos que decir y defender, donde se nos escuche, que el asociacionismo agrario, profesional e independiente, está jugando un papel decisivo en el diseño de la política agraria, y está contribuyendo a la modernización del campo, a la profesionalización del sector, y a la rentabilidad de nuestras explotaciones.

Y hay que decir, alto y claro, que el presupuesto de las organizaciones agrarias va mayoritariamente a pagar las nóminas de unos profesionales que están a nuestro servicio, que lo estuvieron en lo más duro de la pandemia cuando no estaban otros, que trabajan a destajo para sacar adelante los expedientes, y que siendo de los pocos que hoy nos entienden y nos comprenden, se han convertido en imprescindibles.