La guerra abierta por los nuevos impuestos municipales a las explotaciones ganaderas ha provocado la realización de un informe elaborado por el Servicio Jurídico de COAG-Castilla y León que concluye que las distintas Ordenanzas municipales reguladoras del vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de origen ganadero invaden diferentes ámbitos competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Entre otras normas que vulneran las Ordenanzas a las que hace referencia se encontrarían en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados; el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por la que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León; y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León. Existe igualmente normativa sobre la condicionalidad de las ayudas de la PAC que regula aspectos concretos de la aplicación de los purines y estiércoles.

A su vez, esta extralimitación competencial de estos impuestos municipales está avalada por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como la dictada en el recurso nº 731/2016, que anuló una ordenanza municipal sobre explotaciones apícolas, y que concluyó que “no existe ningún título competencial sectorial que permita o justifique el dictado de la ordenanza impugnada”.

La Junta de Castilla y León está obligada a actuar ante un «un afán de restringir y condicionar la actividad ganadera»

COAG reclama cordura y sentido común a los regidores municipales para que paralicen de inmediato la tramitación de aquellas Ordenanzas sometidas actualmente a información pública y deroguen aquellas otras ya de aprobación definitiva, «porque van más allá del ámbito competencial que les corresponde, además de que contravienen o vulneran la legislación de rango superior ya existente al respecto. Eso evitará muchos problemas a los ganaderos, así como innumerables reclamaciones y recursos en los Juzgados para los ayuntamientos». En ausencia de lo anterior, la Junta debe impugnar las Ordenanzas e imponer orden en los consistorios municipales para salvaguardar su propio ámbito competencial.

Son varios los municipios de diferentes provincias de los que COAG-CyL tiene conocimiento que están en diferentes fases de elaboración y aprobación de este tipo de Ordenanzas, todas ellas inspiradas en un afán de restringir y condicionar la actividad ganadera. Para l aorganización, «se imponen requisitos casi imposibles de compaginar con el desarrollo de las actividades propias de una explotación (¿cómo se puede saber con semanas de antelación la hora exacta en que vas a hacer una labor en una parcela concreta?); gravándolas con nuevos “impuestos” en un contexto de crisis de precios de los productos ganaderos; con la exigencia de condiciones que van mucho más allá de las que ya tienen por las normativas generales y sectoriales que les son de aplicación, etc».

En este sentido, desde COAG CyL no comprenden cómo en dichas Ordenanzas se pueden establecer prohibiciones tales como el vertido de purines en el término municipal, cuando procedan de explotaciones ganaderas ubicadas en otros términos municipales, o cómo puede prohibirse la circulación de vehículos por caminos o vías públicas del municipio cuando transporten purines originados fuera del municipio. «Esta exclusión absoluta afecta a las competencias de otras Administraciones, limita la gestión de otros municipios, e incurre en una total arbitrariedad, por cuanto no es la procedencia de los purines y estiércoles lo que determina la adecuada gestión de los mismos».

COAG-Castilla y León deja claro que «no quiere contribuir a demonizar a ningún colectivo, pero parece existir en determinados ámbitos un rechazo cada vez menos disimulado hacia la ganadería, a la que consideran molesta y acusan de ser fuente de innumerables problemas».

En este sentido destaca que «es muy indicativo de lo anterior que alguna de estas Ordenanzas se inicie con la siguiente frase: “Actualmente se está viviendo una oleada de actividades que acarrean un vertido a nuestros terrenos de purines ganaderos (…)”. Oleada de actividades… así se refieren a la ganadería, ocupación ancestral desarrollada durante siglos en nuestros pueblos».

COAG-Castilla y León actuará ante estos impuestos municipales a todos los niveles que sean necesarios para defender el interés general de ganaderos y agricultores, quienes tienen que continuar con el desarrollo normal de su actividad para garantizar vida y riqueza en nuestro medio rural, frente a los que solo quieren “pueblos para los fines de semana”.