El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, ha defendido las ayudas públicas aprobadas para paliar la situación de falta de rentabilidad en el campo mientras que el sector le ha pedido un plan de choque económico con más inversiones y rebajas impositivas.

Planas ha presidido este miércoles el comité asesor agrario junto a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, un encuentro en el que se han abordado dos grandes bloques temáticos: la PAC y la coyuntura económica por la que pasa el sector agroalimentario.

En un momento «complicado» para el sector por la sequía, por las consecuencias de la guerra y la «volatilidad» en los mercados, el ministro cree que las ayudas públicas, las medidas fiscales y la normativa desarrollada han permitido mantener la viabilidad de las explotaciones.

Ha cifrado en más de 1.000 millones el impacto entre ayudas directas y fiscales para afrontar toda esta situación.

EL CAMPO RECLAMA UN PLAN DE CHOQUE QUE ABARCA DESDE BAJAR EL IVA A LOS REGANTES A FLEXIBILIDAD EN LA PAC O APLICAR LA LEY DE LA CADENA

Desde las organizaciones agrarias, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha informado de que le han pedido un plan de choque económico y financiero para «corregir las deficiencias económicas»

Ha denunciado subidas de más del 38% en el precio de la energía y en los fertilizantes y, por ello, ha demandado créditos ICO o la aplicación de la doble tarificación para el regadío.

Barato ha instado a destinar más fondos europeos para inversiones hídricas ya que la perspectiva de futuro sobre la sequía no es favorable y prevé que «se puede dejar de cultivar más del 25% de los cultivos continentales».

En cuanto al plan de la PAC, ha reclamado «flexibilidad» sobre los eco-regímenes y «hacerlos atractivos”.

El secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, ha dado un paso más allá y ha advertido de que si no son posibles nuevas medidas, el sector «va a tener muchas dificultades de rentabilidad».

Al igual que Asaja, ha demandado la reducción del 21% al 10% del IVA para las comunidades de regantes porque es un impuesto que «termina por perjudicar a los agricultores».

Además, en situaciones como la crisis global, cree que la Ley de la Cadena está «mostrando deficiencias» por lo que ha reclamado «más infraestructura para su cumplimiento» y un análisis de los costes de producción de toda la cadena.

También apoya este un plan de choque con medidas económicas el secretario general de la organización agraria  UPA, Lorenzo Ramos, quien ha instado al Ejecutivo a poner en marcha «un plan de apoyo distinto» al del verano.

Para que este nuevo plan «fortalezca» las medidas ya activas, Ramos ha exigido una «mayor implicación de las comunidades autónomas».

Ha pedido también que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria para que el aumento del precio en el consumidor repercuta en el precio que se le paga a los ganaderos.