Las protestas comenzaron en toda la Cornisa Cantábrica y ahora alcanza hasta Galicia. El sindicato Unións Agrarias (UUAA) ha dado cuenta este martes de las alegaciones que esta organización ha presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativas a la llamada Ley de purines, a la nueva legislación que el Gobierno central prepara para regular el uso de purines y fertilizantes de origen orgánico.
En un comunicado, UUAA muestra su disconformidad con la versión preliminar de este Real Decreto e insiste en la recogida de firmas contra el mismo “ante la profunda preocupación que existe entre los productores por las repercusiones económicas del texto”.
CRITICAN LA MAYOR CARGA BUROCRÁTICA DE LOS COSTES ASOCIADOS A LAS EXIGENCIAS DE REGISTRO Y Galicia se suma al enfado y LA PENALIZACIÓN A LAS EXPLOTACIONES DE MONTAÑA Y ZONAS DESFAVORECIDAS
Los contenidos de la norma presentada por el ministerio son -a ojos del sindicato agrario- “claramente lesivos para la rentabilidad de las explotaciones gallegas”, ya que obligan a que las granjas “tengan que asumir una serie de inversiones, procedimientos y asesoramientos que las convierten en inviables”.
Entrando en aspectos técnicos del decreto, Unións Agrarias critica que esta Ley de purines impulsa “la prohibición genérica de los sistemas de aplicación en plato y en abanico para la aplicación de productos o materiales orgánicos con contenido de humedad igual o superior al sesenta y cinco por ciento”.
Las alternativas propuestas a estos métodos -agregan- “no son técnica ni económicamente viables para una gran mayoría de explotaciones familiares de vacuno de leche y carne por la necesidad de cambio de maquinaria por otra de más potencia”, además de que supondrían un incremento del tiempo de trabajo y, por ende, del gasto en combustibles.
Desde la organización sindical también critican las disposiciones relativas al apilamiento temporal de estiércoles, fertilizantes orgánicos y otro material de origen orgánico; puesto que “imposibilitan el uso de esta práctica” en un territorio como el gallego, con numerosos núcleos de población esparcidos y con una climatología muy determinada.
Finalmente, advierten de otros factores negativos de esta Ley de purines como el “incremento de la carga burocrática” de los costes “asociados a las exigencias de registro”; junto con la penalización a las explotaciones de montaña y zonas “desfavorecidas” por fomentar su dependencia de las empresas de tratamiento de residuos.