La LA UNIÓ Llauradora y AVA-ASAJA han valorado de manera positiva que Espais Econòmics Empresarials (EEE) –participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central– rectifique su posición, retire las demandas interpuestas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y acepte finalmente pagar el justiprecio propuesto por el Jurado Provincial de Expropiación a los propietarios de los terrenos de Parc Sagunt II donde se construirá la gigafactoría de Volkswagen.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, subrayan que “la decisión anunciada por la Administración es la justa, la lógica y la que correspondía. Desde el principio hemos defendido que son los agricultores los que tenían el derecho de recurrir una estimaciones que consideraban muy bajas respecto al valor objetivo del suelo; resultaba surrealista que fuera la Administración la que recurriera la propuesta de un órgano de la propia Administración establecido para tal fin. Esta nueva posición evita que los agricultores sean los únicos que salgan perdiendo con la iniciativa empresarial de la gigafactoría, de la cual nos alegramos mucho, pero que debe ser positiva para toda la sociedad, incluidos los propietarios del suelo”.
Ambas organizaciones agrarias argumentan que las últimas sentencias relacionadas con procesos expropiatorios de ADIF están dando la razón a los agricultores porque los jueces tienen en cuenta la valoración del Jurado Provincial de Expropiación, el cual acredita los principios de legalidad, veracidad y acierto, y en el cual están representados expertos cualificados como un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un interventor de Hacienda, un ingeniero agrónomo y un técnico de la Conselleria de Política Territorial.
“Si EEE hubiera mantenido su estrategia, seguramente habría perdido la batalla judicial, por lo que los propietarios hubieran cobrado tres o cuatro años más tarde y el próximo gobierno hubiera tenido que asumir, además de los gastos licitados de procuradores y abogados, la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que durase el juicio. Era obligación de nuestros gobernantes evitar ese maltrato hacia los expropiados y ese derroche de dinero público”, aseguran los dirigentes agrarios.
AGILIZAR LOS PAGOS
La intensa campaña técnica, negociadora y reivindicativa de AVA-ASAJA y LA UNIÓ –que contempló incluso una movilización de afectados en Puçol el día antes del acto de colocación de la primera piedra de Volkswagen, presidido por el rey Felipe VI, bajo el lema “Sí a Volkswagen, pero no a costa del bolsillo de los agricultores”– ha logrado que un millar de agricultores perciban una cantidad razonable por sus tierras.
“No era de recibo que estos propietarios se quedaran sin sus campos y sin dinero hasta que acabaran los juicios. Ahora dispondrán del dinero que corresponde para decidir lo que quieran”. En este sentido, y teniendo presente el retraso generado por la Administración, ambas organizaciones agrarias solicitan a EEE que agilice al máximo el pago del justiprecio a todos los expropiados.