El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la Orden por la que se establece la convocatoria de ayudas a la mejora y modernización de regadíos de la región, para la que el Gobierno regional ha destinado una partida presupuestaria de 10 millones de euros.
El presupuesto está distribuido en 500.000 euros para 2017 e idéntica cantidad para 2018 y el plazo para presentar las solicitudes será de dos meses a partir de mañana.
la cuantía máxima de la subvención por beneficiario será de 800.000 euros y se atendrá al 80% con carácter general del coste subvencionable
El importe del coste subvencionable mínimo será de 10.000 euros, siempre que las infraestructuras a modernizar por la Comunidad de Regantes consigan un ahorro potencial de agua de 6.000 metros cúbicos, con un máximo de 1 millón por actuación y convocatoria.
Asimismo, la cuantía máxima de la subvención por convocatoria y beneficiario será de 800.000 euros y se atendrá al 80 por ciento con carácter general del coste subvencionable.
Tendrán un incremento del 10 por ciento las inversiones para la instalación de sistemas de medición del agua consumida, balsas de almacenamiento y captación de excedentes estacionales, generación de energías y mejora de la eficiencia energética, y sistemas de gestión y automatización del riego.
El objetivo de estas ayudas es conseguir el ahorro de agua y la mejora y modernización de las infraestructuras de riego
También tendrá el mismo porcentaje adicional en el caso de que más del 50 por ciento de la superficie regable de las Comunidades de Regantes estén situadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
El objetivo de estas ayudas es conseguir el ahorro de agua y la mejora y modernización de las infraestructuras de riego, así como las condiciones de las redes de drenaje y los mecanismos de gestión del riego.
Los beneficiarios de las ayudas serán las Comunidades de Regantes, u otras Comunidades de Usuarios de Aguas principalmente, vinculadas al regadío que sean corporaciones de derecho público.
Además, deben ser titulares o gestionar infraestructuras de regadíos existentes, disponer de su correspondiente derecho de agua, y estar reconocidas por el Organismo de Cuenca correspondiente.