UPA-UCE de Extremadura ha pedido a la Junta que aclare la condiciones de trabajo en el campo tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJEx) por el que se declaró la nulidad del convenio del campo, un acuerdo que firmaron las organizaciones agrarias y los sindicatos en junio para dar estabilidad y seguridad.

El convenio del campo ha sido un instrumento muy útil para el sector agrario de Extremadura, tanto para los agricultores y ganaderos como para los trabajadores, ya que ha ofrecido paz social y un marco regulador que garantizaba un trabajo digno y unas condiciones aceptables, ha señalado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

La organización agraria considera que la pérdida de este acuerdo se debe «al intento de usurpar» la representación de los agricultores por parte de la Asociación regional de Fruticultores (Afruex), que trata, en su opinión, de favorecer los intereses de las centrales hortofrutícolas y no los de los agricultores.

«No tenemos los mismos intereses ni cuando nos compran la fruta ni en esto tampoco», ha manifestado Huertas, según se recoge en un comunicado de prensa.

«LO ÚNICO QUE HA CONSEGUIDO AFRUEX HA SIDO CREAR MÁS INCERTIDUMBRE Y CONFLICTIVIDAD EN EL CAMPO»

Además, UPA-UCE ha desmentido las afirmaciones de Afruex sobre la sentencia del TSJEX ya que la misma «no le otorga la representatividad mínima para sentarse en la mesa a negociar».

La organización ha lamentado que los agricultores y trabajadores se enfrenten ahora a un panorama de «incertidumbre sobre cómo hay que contratar y el salario a pagar», un problema que además «traerá como consecuencia una menor disponibilidad de mano de obra en un sector que ya tiene bastantes dificultades de este tipo».

«Lo único que ha conseguido Afruex ha sido crear más incertidumbre y conflictividad con la nulidad del convenio del campo», ha criticado Huertas.

UPA-UCE ha mostrado varias discrepancias importantes con respecto a la sentencia ya que «fija la representatividad en función de los datos de un día, los del 11 de enero de 2019, porque es una fecha en el que hay muy poca actividad en el campo y, por tanto, muchos agricultores y ganaderos no tienen gente contratada ese día».

A su juicio, la sentencia no ha tenido en cuenta el dato de estacionalidad del campo extremeño, muy marcado por determinadas campañas agrícolas y, por tanto, reclama que la comisión negociadora se constituya en otra fecha del año para que «se reflejen los verdaderos datos de representatividad» de su organización agraria.

«Está claro que esta sentencia amenaza y dificulta la realización de nuevos convenios del campo extremeño en el futuro», ha remarcado Huertas, por lo que UPA-UCE estudia la posibilidad de presentar un recurso.

Mientras se resuelve el problema, ha recomendado a los agricultores y ganaderos que, de momento, mantengan las condiciones actuales.

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