El Gobierno pedirá a la Comisión Europea (CE) que avance en el análisis del impacto que tendrán sobre los estados miembros los acuerdos comerciales que negocia Bruselas con terceros países, porque el estudio que ha preparado se centra en cuestiones generales y no en la repercusiones para cada país.

Así lo ha explicado el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, al término del Consejo Consultivo de Política Agraria entre el Gobierno y las comunidades autónomas, presidido por la ministra Isabel García Tejerina, celebrado este lunes 16.

España ve que en los acuerdos hay sectores sensibles donde «hay que prestar más atención», como el vacuno, ovino o arroz

En el Consultivo -preparatorio del Consejo de ministros comunitarios de agricultura del lunes 23, el primero que se celebrará bajo la nueva presidencia de Malta- ha participado los responsables autonómicos del ramo de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja,y Aragón, y por videoconferencia los consejeros de Cantabria, Extremadura y Asturias.

Cabanas ha recordado que la CE planteó en noviembre pasado un estudio sobre la evaluación de los futuros acuerdos desde el punto de vista teórico, que contiene «aspectos favorables» para sectores como lácteo, porcino o trigo, y otros sensibles donde «hay que prestar más atención», como vacuno, ovino o arroz.

Según ha precisado, el estudio tampoco ha tenido en cuenta al «Bréxit», y el Reino Unido tiene que empezar a negociar su futura relación comercial con la Unión Europea (UE).

Respecto al acuerdo con EEUU (el TTIP), Cabanas ha apuntado que la situación es «de parón» y «habrá que ver cómo evoluciona» cuando la nueva Administración de Donald Trump «tome cartas en el asunto».

Ha avanzado que el Mapama trasladará las demandas españolas el próximo lunes para que se tengan en cuenta sus intereses en las negociaciones y evitar así futuros problemas para los sectores.

En este sentido, ha asegurado que a España le interesa que se avancen en este tipo de acuerdos comerciales para facilitar su presencia en mercados exteriores, al ser una potencia exportadora, con envíos de más de 45.000 millones de euros durante el año pasado.

Respecto al resto de cuestiones que se tratarán en el próximo Consejo, ha destacado que se centrará en un análisis de la evolución de los mercados, en las relaciones entre agricultura y clima -Malta pretende avanzar en la gestión del agua de regadío, por ejemplo-, y en programas de control en sanidad animal y vegetal.

Malta también quiere continuar con avances legislativos que no pudieron materializarse en anteriores presidencias, como el nuevo reglamento europeo sobre agricultura ecológica o la evolución de los organismos pagadores, ha precisado Cabanas.

En el ámbito ganadero, se estudiará el informe sobre la evolución de las medidas puestas en marcha en apoyo de los ganaderos en general y del paquete lácteo en particular.

Las CCAA inciden en que se vigilen estos acuerdos por el daño que pueden hacer en sus cultivos

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha pedido que la UE tenga cautela en la negociación de los acuerdos de libre comercio, que deben contar con estudios de impacto sobre producciones como el arroz.

Ortiz ha destacado a los medios que la CE ha elaborado un informe que sólo tiene en cuenta las barreras arancelarias, pero el Gobierno andaluz reivindica que para su sector «es muy importante también tener en cuenta las barreras sanitarias, fitosanitarias y los estándares de calidad de la producción europea».

Por su parte, la consellera valenciana de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha criticado que no dispongan aún del informe de la CE sobre impacto de los acuerdos comerciales que se negocian, y que éste no incluya los referidos análisis de impacto sobre la agricultura en cada país.

Cebrián ha abogado por que los acuerdos faciliten la exportación, pero reclama que se analicen cómo puedan afectar a las producciones autóctonas desde el punto de vista comercial, fito y zoosanitario, con el objetivo además de que no perjudiquen las normas sobre denominaciones, calidad diferenciada o alimentos ecológicos.

En similar sentido, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha apuntado que «siempre es bueno avanzar» en acuerdos comerciales, sin que estos vulneren las denominaciones y los productos de calidad.

Martínez ha remarcado que, por norma general, este tipo de tratados de la UE con terceros países siempre son beneficiosos para España y Castilla-La Mancha «si las cosas se hacen bien», dado el marcado carácter exportador del sector agroalimentario.

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