El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado en el Consejo Consultivo de Política para Asuntos Comunitarios que confía en que durante la presidencia española se pueda cerrar la negociación sobre la modificación del reglamento sobre las indicaciones geográficas protegidas.

En este encuentro, celebrado por videoconferencia previo al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que tiene lugar en Luxemburgo los días 26 y 27 de junio, Planas ha explicado que los ministros examinarán también el estado de situación del proceso de revisión del citado reglamento.

Ha detallado que el pasado 6 de junio se iniciaron los trabajos de trílogos entre la  Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento europeo sobre las indicaciones geográficas protegidas, de los que están previstas celebrar 13 reuniones bajo presidencia española entre julio y septiembre. “Cerrar esta negociación es uno de los objetivos de la presidencia española”, ha remarcado el ministro.

Por otro lado, Planas ha señalado que la Unión Europea (UE) debe mantener una política abierta al comercio y la cooperación con terceros países, basada en el multilateralismo y en prácticas justas, para garantizar el carácter estratégico de su autonomía alimentaria. Precisamente, la autonomía estratégica abierta será una de las prioridades de la presidencia española.

En el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que será el último bajo presidencia sueca, está previsto que se trate la situación de las negociaciones de dos importantes acuerdos comerciales con Australia y Mercosur. El ministro ha asegurado que cualquier iniciativa comercial que se adopte en el ámbito comunitario debe tener en cuenta el impacto que pueda tener sobre la competitividad de la agricultura y ganadería europea.

Luis Planas ha recalcado la necesidad, defendida por España y otros Estados miembros, de que en las negociaciones de acuerdos de libre comercio se apueste por la introducción de cláusulas espejo, para que las condiciones de producción de los alimentos que se importen sean equivalentes a las exigidas en la UE, y no tanto por la liberalización de los intercambios bajo contingentes de productos concretos.

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