España busca mantener el carbono en los suelos destinados a la agricultura en su estrategia contra el cambio climático con ayuda de la Política Agraria Común (PAC), si bien los productores reclaman más fondos que compensen sus esfuerzos.

El Gobierno y las comunidades autónomas están negociando el Plan Estratégico de la nueva PAC en España, que enviarán a Bruselas antes de que acabe el año.

Un 40% de su presupuesto se destinará a actuaciones con fines climáticos y ambientales, y entre sus novedades destacan los ecoesquemas, ayudas ligadas a prácticas sostenibles que se dividen entre las enfocadas a la agroecología y la llamada agricultura baja en carbono, que pretende reforzar la capacidad de sumidero de los suelos.

En ese sentido, el Ejecutivo ha propuesto incentivos para que los productores incorporen el pastoreo extensivo en pastos, la siega sostenible, la rotación de cultivos, la siembra directa y la agricultura de conservación, así como cubiertas vegetales y tierras sin cultivar para proteger la biodiversidad.

Los ecoesquemas se financiarán con 1.107 millones de euros anuales hasta 2027, equivalentes al 23 % de las ayudas directas de la PAC (primer pilar), junto a otro 2 % con cargo al gasto ambiental dedicado al desarrollo rural (segundo pilar).

Aunque las negociaciones han avanzado en lo que se refiere a las ayudas directas del primer pilar, faltan por concretar más las medidas del segundo.

OBSERVACIONES A LA NUEVA PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que su intención es apoyar a los agricultores en la transición hacia una agricultura más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Desde las organizaciones agrarias insisten en que necesitan más apoyo frente a unas exigencias ambientales cada vez mayores y destacan la capacidad mitigadora de la agricultura para capturar el carbono y evitar que se libere a la atmósfera.

Según el responsable de Relaciones Internacionales de ASAJA, Ignacio López, España ha decidido que los fondos de la PAC sirvan para «compensar» los esfuerzos de los productores, quienes -sin embargo- no ven la propuesta «lo suficientemente atractiva».

«Nos piden medidas de más» que obligarán a reorientar inversiones o afrontar mayores costes «sin poner más dinero encima de la mesa» en un contexto de «mucha incertidumbre», apunta López en declaraciones a Efeagro.

Reconoce, en cualquier caso, la necesidad de adoptar prácticas sostenibles y afrontar problemas como la erosión del suelo o los incendios.

CARBONO BAJO TIERRA

En la Unión Europea (UE), la Comisión Europea está promoviendo su estrategia «De la granja a la mesa», que busca reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50 % y el de fertilizantes en un 20 % para 2030, además de ampliar al 25 % la superficie ecológica.

Entre sus planes también figuran una iniciativa de agricultura de carbono y un mecanismo de certificación para la eliminación del carbono.

El representante de la organización COAG en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), Andoni García, subraya que la producción agraria no solo es responsable de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también funciona como sumidero, aportando materia orgánica al suelo.

Sin embargo, expresa su preocupación por la posibilidad de que la agricultura «entre en la comercialización de bonos de carbono y esté sujeta a certificaciones privadas» ante el riesgo de especulación.

A su juicio, se requiere más apoyo económico porque no basta con integrar en los precios de los alimentos el aumento de los costes derivados de una producción más sostenible, sobre todo cuando «la UE está externalizando esos costes» permitiendo la importación de productos de terceros países a bajo coste.

IMPULSO AL DESARROLLO RURAL

En España, con un 10 % de superficie agraria ecológica, los agricultores orgánicos defienden que el cambio de modelo también permitirá impulsar las economías rurales, combinando la creación de empleo y los beneficios económicos con la protección del ambiente, la lucha contra el cambio climático y la mejora del bienestar animal.

La industria de fitosanitarios, mientras, aboga por invertir más en la agricultura de precisión, con nuevas tecnologías, innovación y una legislación acorde.

Desde la organización UPA, el técnico David Erice considera que en la península Ibérica se puede mejorar bastante la gestión del suelo con prácticas como la rotación de cultivos, que «desde el punto de vista económico no ponen en riesgo la supervivencia de las explotaciones agrarias».

Sin embargo, se muestra más crítico con las restricciones al uso de fitosanitarios y fertilizantes, y pone en cuestión que «se deje a los agricultores sin herramientas para producir», por lo que llama a medir correctamente el impacto de los objetivos que se formulen.

«El reto es ser capaces de conseguir prácticas sostenibles que hagan que las explotaciones sean viables en su conjunto, y en eso llevamos trabajando en los últimos años», sostiene Erice.

(Texto: Belén Delgado  / Efeagro)