El secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia es un buen conocedor de las maniobras de las grandes compañías para arañar cada céntimo de los agricultores y los ganaderos y, por eso, defiende respetar una línea roja para evitar el abuso en el coste de producción. Cree que algunos están aprovechando la pandemia para poner trabas y que los productores sigan sin obtener precios justos.

En plena polémica dentro del sector, García defiende que la Ley de la cadena es una oportunidad para afrontar los cambios estructurales que necesita el sector agroalimentario en España, por lo que defiende que “el coste de producción debe marcar la línea roja entre la justa competencia y el abuso”. Asimismo,reclama que las familias del medio rural tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital

P.- ¿Cómo valoras la actuación del Gobierno durante los últimos meses respecto al sector agrario?

R.- Podemos distinguir las acciones dirigidas a la contención sanitaria y a la aplicación del estado de alarma en sí, donde pensamos que se tomaron medidas y disposiciones en general razonables que han permitido la continuidad del trabajo en las explotaciones, y el abastecimiento de la población sin sobresaltos. Queda ahora la parte económica, en donde creemos que se ha puesto una vez más la lupa de las soluciones sobre la actividad industrial y de servicios, que sin duda es muy importante, y menos sobre el sector primario al que se han agradecido los servicios prestados, pero que sigue con cuestiones pendientes que hay que abordar.

Una de ellas es la caída de precios en origen de los productos agrarios, cuando la cesta de la compra ha subido enormemente para el ciudadano, como reflejan los datos del IPC. Además, ahora queda abordar la ayuda a los sectores que ya sabemos que van a ser duramente golpeados por la crisis en los próximos meses. Por ejemplo, vino y carne de vacuno. En estos casos no nos valen las soluciones que se han dado para otros sectores y otras situaciones. Una explotación de carne no puede cerrar, no puede ir a un ERTE, no puede ni siquiera pedir la renta mínima porque no puede cesar en la actividad, porque no puede cerrar temporalmente.

“EL INGRESO MÍNIMO VITAL DEBE LLEGAR A LAS FAMILIAS DEL MEDIO RURAL QUE LO NECESITEN”

P.- ¿Qué soluciones crees necesarias para el sector agrario?

R.- El campo tiene situaciones específicas que requieren abordarse de forma específica. Por ejemplo con ayudas directas a las explotaciones. Es algo que el Gobierno tendrá que poner en marcha en los próximos meses, para dar liquidez a los sectores que lo están pasando mal, y permitir que no cierren explotaciones en los próximos meses de forma irreversible, con el consiguiente problema social, territorial y medioambiental que estos cierres acarrearían.

P.- Se está hablando mucho del ingreso mínimo vital. ¿Cómo se contempla esta medida desde UPA?

R.- Entendemos que es una medida que ahora mismo responde a una situación de emergencia social, que va a prolongarse en el tiempo, desgraciadamente. Todos los países homologables al nuestro han tomado medidas similares, porque parar la economía del mundo durante tres meses es algo muy grave y sus consecuencias necesariamente también.

Hay que estudiar también su aplicación a las familias que viven en el medio rural, que no pueden cerrar sus explotaciones ni cesar en su actividad, que no podrán acceder a estas ayudas tal como están ahora diseñadas, pero que necesitarán complemento de rentas estos meses para salir adelante. Para ellos hay que buscar soluciones con encaje legal, se llamen como se llamen, pero que permitan reforzar esas rentas mínimas familiares cuando estén amenazadas. No vamos a cejar en esa demanda.

P.- La Ley de la Cadena fue aprobada en 2013. ¿Cuál fue el papel de UPA en su aprobación?

R.- UPA participó activamente, con alegaciones, propuestas y planteamientos a los problemas. Buscando el encaje legal de las propuestas con la legislación de competencia nacional y de la Unión Europea. Se hicieron avances importantes, pero no se nos hizo caso en los detalles de su aplicación, lo que ha venido lastrando su utilidad en todos estos años.

Seguimos pensando lo mismo que cuando el pasado mes de febrero nos movilizamos para exigir de las Administraciones más poder para negociar los precios. Y también una ley que penalice con sanciones a aquellos que compran productos por debajo de los costes de producción, un observatorio de precios que recoja las especificidades de la comunidad, un real decreto que extienda la fórmula que recoge el “paquete lácteo” para negociar la tarifa de la leche a otros productos del sector primario, y que el Ejecutivo cree una mesa de negociación de ganadería en Madrid. Queremos, en definitiva, poder para fijar los precios con garantías de mercado y seguridad jurídica.

P.- ¿Qué valoración haces de su utilidad desde entonces?

R.- Esta ley ha protegido de abusos y de excesos flagrantes que se daban con la intermediación y la distribución. Pero no ha resuelto ni mucho menos toda la tipología de abusos y desequilibrios que se pretendían corregir, y queda mucho por avanzar. Para ello hay que escuchar a las personas de cada uno de los sectores (hortofrutícola, aceite de oliva, leche, carne, porcino, vino…), cada uno tiene sus necesidades específicas para alcanzar un equilibrio en la cadena que suponga remuneración justa al productor y protección del consumidor de la especulación.

P.- ¿Y en cuanto al encaje con la normativa comunitaria?

R.- Hasta ahora, la mayor limitación, o la principal excusa para tomar decisiones resolutivas, ha venido siendo la legislación de competencia de la UE, que parece que no acaba de entender que los mercados agrarios son muy diferentes del resto, por la inelasticidad de la demanda, por el carácter perecedero de sus productos, porque son la garantía de la alimentación y del abastecimiento de la población. Esperemos que en esta situación pos-Covid19, se haya tomado nota en Bruselas de lo cerca que estuvimos de la catástrofe del desabastecimiento, y se oriente la legislación hacia una protección real del productor y del consumidor, sin buscar excusas de marco competencial que no son propias de los productos agrarios.

LOS QUE CRITICAN LA LEY DE LA CADENA LO HACEN DESDE UNA VISIÓN INDUSTRIAL, NUNCA DESDE LA BASE PRODUCTORA”

P.- ¿Crees que la industria y la distribución están aprovechando la tramitación parlamentaria del decreto ley sobre la cadena alimentaria para introducir enmiendas y ralentizar su aprobación?

R.- Que esos movimientos se están produciendo en sectores relacionados con la industria agroalimentaria, los traders y la distribución, no nos cabe duda. Ahora que la clave, insistimos, va a estar en el margen que la legislación de competencia de la UE reconozca a los mercados agrarios para alcanzar una regulación efectiva. Nuestro Gobierno, y nuestro Parlamento, deben legislar con audacia y sin complejos para agotar todas las posibilidades del marco europeo actual. Como se hace por ejemplo en Francia, donde se llevan a la legislación francesa medidas de protección a los agricultores que en España se han rechazado, alegando su falta de encaje con la normativa de Bruselas.

P.- ¿Qué papel juegan las cooperativas españolas en esta situación?

R.- Las cooperativas han tenido la virtud de concentrar oferta y compras para las explotaciones, lo que facilitó mejorar los márgenes de producción para muchos agricultores y ganaderos. Pero toda esta expansión no habría sido posible sin la constante lucha por un precio justo para los productos que permita afrontar los costes y aportar una renta digna para ganaderos y agricultores.

En las últimas semanas hemos escuchado a sectores cooperativos muy concretos que clamaban contra la Ley de Cadena y su prohibición de obligar a respetar la franja de costes de producción. Creo que ese tipo de afirmaciones solo se pueden realizar desde una visión industrial, nunca desde la base productora, cuando vemos cómo la falta de un mediador nos impide sentarnos a negociar nada con una mínima esperanza de éxito.

P.- ¿Qué entienden los legisladores por costes efectivos de producción y qué entiendes tú por ese término?

R.- Los costes efectivos de producción son aquellos que, calculados de forma objetiva, con rigor técnico por un organismo independiente, y en base a los costes reales de la mano de obra, los medios de producción, y del estricto respeto a la normativa laboral, sectorial, medioambiental y de bienestar animal, nos deben dar el precio por debajo del cual no se debería de autorizar la venta de los productos agrarios, por estar por debajo de lo que cuesta producirlos. Deben de ser una marca que dentro de un orden de magnitud indique dónde empieza el libre mercado y la competencia, y dónde la especulación y el abuso, la posición de dominio sobre el productor.

P.- ¿Opinas que con la prohibición de la venta a pérdidas en la nueva ley se conseguirá eliminar esta práctica de forma efectiva?

R.- Opinamos que, como poco, ya no van a ser legales prácticas que en la actualidad abusan de los productores con posiciones de dominio en el mercado y malas prácticas comerciales, Y que quienes sigan insistiendo en esos caminos y formas de entender el mercado, van a ser sancionados. A partir de ahí surge la oportunidad de abordar cambios estructurales en las relaciones entre los productores agrarios, los intermediarios, la industria agroalimentaria y los consumidores para la protección del productor como eslabón más débil de la cadena productiva.