Dentro de los distinto análisis que se están haciendo sobre los últimos incendios forestales que arrasan media España, muchas de las críticas se han centrado en las exigencias medioambientales que recoge la PAC. Por eso, han salido voces a defender que la Política Agraria Común (permite otorgar ayudas para la prevención de incendios forestales dentro de los planes de desarrollo rural, cofinanciados por los países, y que en el caso de España son diferentes según las comunidades autónomas, que tienen competencias en estos programas.
El Plan Estratégico de la PAC (Pepac) en España entre 2021 y 2027 reconoce que la lucha contra los incendios forestales es prioritaria y enmarca las medidas su prevención dentro del desarrollo rural, el «pilar» de esa política -distinto a las subvenciones directas- que financia medidas distintas o complementarias a la agricultura.
Las comunidades autónomas tienen competencias en desarrollo rural y sus planes varían, por lo que las medidas de prevención contra el fuego en el monte y la inversión son diferentes según las necesidades de sus territorios.
En el Pepac, el Gobierno detalla que «la prevención de daños forestales tiene en España especial importancia debido a la incidencia de los incendios».
«Por esta razón, la intervención es programada por todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco, donde la menor incidencia del problema permite a las autoridades competentes atenderlo con fondos propios fuera del Plan Estratégico», según el texto, que recoge Efeagro.
Los apoyos a la prevención de incendios benefician a titulares forestales, públicos o privados, y a sus agrupaciones, así como a administraciones públicas.
Un ejemplo de las diferenciaciones de las medidas antiincendios por autonomías consiste en que en algunas se exige para esas ayudas a los titulares de montes, dependiendo del tamaño, que cuenten con un plan de gestión forestal o un proyecto equivalente.
LOS FONDOS Y SU FUTURO
El desarrollo rural ha contado con unos mil millones de euros anuales en la actual programación de la PAC (hasta 2027) pero su futuro y, por consiguiente el de las medidas de esta política para combatir el fuego despiertan incógnitas, debido a la propuesta presupuestaria que maneja la Comisión Europea (CE) para 2028-2034.
La CE ha propuesto fusionar en uno los dos pilares de la PAC (subvenciones directas y desarrollo rural) y que esta política entre dentro de un megafondo junto con otras como la pesca y la cohesión, con asignaciones por países que decidirán sobre el reparto de estos fondos.
El alcance del presupuesto agrícola y de los recortes es incierto en este momento de negociación en la Unión Europea.
De hecho, el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, ha manifestado en una entrevista con Efeagro que la presidencia irlandesa de turno de la UE defenderá que en el debate del marco financiero 2028-2034 se tengan en cuenta los incendios y el cambio climático.
Glynn ha resaltado el papel «esencial» que deben tener los bosques en el diseño de las políticas económicas y del desarrollo rural, con un especial «hincapié» en la agricultura.