La eurodiputada de Podemos Mª Eugenia R. Palop ha logrado que se incluya una mención explícita a «las granjas y pequeños negocios dedicados a actividades agrícolas y forestales sostenibles», excluidos del diseño inicial del Fondo de Transición Justa. Esto ampliaría también el número de regiones que podrían acceder a los recursos.

El Fondo de Transición Justa es uno de los instrumentos financieros que se pondrán en marcha para abordar las transformaciones recogidas en el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática de la Unión Europea en 2050. Antes de la pandemia, el Fondo de Transición Justa tenía una asignación base de 7.500 millones de euros, pero en los nuevos planes de recuperación esta partida ha aumentado hasta los 40.000 millones: 10.000 del nuevo Marco Financiero Plurianual (el presupuesto de la UE para 2021-2027) y 30.000 más del paquete de reconstrucción ‘Next Generation EU’.

España recibiría unos 1.800 millones (el 4,5%) destinados al desarrollo de empresas, tecnología e infraestructuras, rehabilitación de tierras, programas de investigación, innovación y empleo que potencien la transición energética.

El fondo prioriza la reducción de emisiones y la reconversión de industrias altamente contaminantes, especialmente en regiones ancladas a la minería de carbón (en países como Polonia) y la generación de energía con combustibles fósiles. Inicialmente, las provincias españolas que podían acceder a este programa eran Asturias, León, Palencia, A Coruña, Teruel, Cádiz, Córdoba y Almería. Sin embargo, «la ampliación del presupuesto y la posibilidad de que agricultores y ganaderos puedan acceder directamente a él amplía territorialmente los lugares que podrían beneficiarse», indica Rodríguez Palop.

¿CÓMO SE HA LOGRADO?

La propuesta de la Comisión Europea llegó a la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo (REGI), que debe valorarla y hacer aportaciones a su diseño final. Para ello integrará las opiniones de otras comisiones, como la de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), a la que pertenece la eurodiputada de Podemos, que ha logrado incluir una enmienda que menciona expresamente a agricultores y ganaderos como potenciales beneficiarios del fondo:

Enmienda 214 al artículo 4. «El FTJ también puede apoyar inversiones dirigidas a agricultores y pequeñas empresas rurales centradas en actividades agrícolas y forestales sostenibles».

Aunque solo el 10,3% de las emisiones de efecto invernadero de la UE proceden del sector agroganadero, lo importante es el «cambio de enfoque» del reparto de los fondos para la transición verde, señala la eurodiputada.

«No se puede hablar de transición verde sin integrar la agricultura y la ganadería. La enmienda visibiliza a un sector que también puede facilitar la reconversión industrial y energética, la rehabilitación de tierras, el desarrollo de modelos de producción y consumo sostenible y de cercanía, la eficiencia en el uso de recursos… Otro de los objetivos concretos del Fondo de Transición es la innovación tecnológica y la digitalización, que es uno de los procesos que está afrontando ahora mismo el sector primario. Y se incluyen inversiones para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, que enlaza perfectamente con la necesidad de un relevo generacional en el campo, vinculado también a la supervivencia demográfica de las áreas rurales», ha explicado.

La propuesta de Rodríguez Palop deberá recorrer todavía un largo camino para hacerse realidad en 2021. La enmienda deberá ser incluida en el informe final de la Comisión REGI; después, esta recomendación deberá ser aprobada en el pleno del Parlamento Europeo, que negociará con la Comisión Europea y el Consejo Europeo los términos definitivos del reparto y las condiciones del fondo. «Quienes trabajan la tierra están en primera línea de la transición socioecológica, y si lo que hemos conseguido en la Comisión de Agricultura llega hasta el final, agricultores y ganaderos podrán acceder directamente a la financiación».

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