En Extremadura el sector agrario pueda perder más de 100 millones de € en eco-regímenes por no ser solicitados o no cumplir unos requisitos que al día de hoy no están nada claros, según denuncia la Unión de Extremadura.

Se da la circunstancia de que, cuando está acabando el mes de marzo, en Extremadura aún no está completamente operativa la aplicación informática, por lo que hasta la fecha no se ha podido registrar ni una sola solicitud única perfectamente complementada porque cada semana comunican modificaciones en el programa informático con nuevos requisitos y que por lo tanto todo lo registrado anteriormente se tiene que volver a revisar y modificar.

Los agricultores y ganaderos extremeños «se juegan en esta convocatoria más de 500 millones de € que en estos momentos están amenazados de no poder recibirlos por el exceso de burocracia, de requisitos absurdos y de una gestión incompetente de la Consejería de Agricultura».

“SE VAN A DESTRUIR 5.000 HECTÁREAS DE LEGUMINOSAS POR HABERSE SEMBRADO EN TIERRAS NO APTAS PARA ESTE CULTIVO, PERO EXIGIDAS POR LA NORMATIVA”

Además de ser un lío burocrático, la falta de concreción de los requisitos para acceder a los eco-regímenes va a ocasionar, si no se remedia esta negligencia, que en Extremadura el sector agrario «pueda perder más de 100 millones de € por no ser solicitados o no cumplir unos requisitos que al día de hoy no están nada claros».

Aparte de estas pérdidas, «más que posibles, más de 5.000 hectáreas de leguminosas que se han sembrado por exigencia de las normas absurdas de la PAC, se van a destruir por haberse sembrado en tierras no aptas para este cultivo, pero exigidas por la normativa, por lo que en vez de suministrar al mercado proteínas vegetales lo que se ha conseguido es gastar más de 400.000 kilogramos de estas semillas y encarecer aún más el pienso de alimentación animal».

Por ello, la Unión exige a la Consejera de Agricultura que se clarifiquen las normas para acceder a las ayudas, que la aplicación informática para cumplimentar las solicitudes esté ya operativa, que se modifiquen «las normas absurdas de cultivo y que en definitiva la Consejería de agricultura suponga una ayuda para los agricultores y no un lastre como es en la actualidad».