Prisciliano Losada Martínez / Secretario Técnico de COAG Castilla y León

Primero llegó la revolución verde y con ella la reconversión agraria. Después, la emigración y la despoblación. Que trajeron el desmantelamiento de la educación, la sanidad rural y otros servicios básicos. Más recientemente, la criminalización de las actividades del sector primario y el rechazo hacia la ganadería y la agricultura por parte de sectores del animalismo y del medio ambientalismo más radical.

Y llega ahora el quinto peaje para el medio rural: los nuevos impuestos al diésel y a la utilización de carreteras y autovías. Por supuesto que ambos impuestos, si finalmente se instauran, serán pagados por todos los contribuyentes, independientemente de su lugar de residencia, pero es bastante evidente que éstos afectarán en mayor medida a los habitantes del medio rural. Y más aún a los de una Comunidad tan extensa y con núcleos de población tan dispersos como Castilla y León.

¿Por qué digo esto? Hagámonos unas sencillas preguntas. Pensemos en dos personas que conozcamos: el ciudadano A, que vive en la capital de la provincia, y el ciudadano B, que vive en un pequeño pueblo de nuestra Comunidad. Ambos tienen que ir al mercado para adquirir comida, ropa, bienes y servicios de todo tipo, entre ellos los más básicos e imprescindibles como la educación o la sanidad… ¿A y B tienen las mismas posibilidades de acceder al transporte público para satisfacer sus necesidades? ¿B y A necesitan de igual manera utilizar las carreteras para obtener lo imprescindible para desarrollar su vida? ¿Quién de ambos, A o B, está obligado sí o sí a desplazarse por carretera prácticamente a diario?

Sigamos. Penalizar los vehículos diésel, precisamente los que mayor porcentaje representan en el medio rural, se justifica en la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles, pero ¿tienen A y B las mismas posibilidades de utilizar un coche eléctrico? ¿Cuántos puntos de recarga tiene accesibles B para que una movilidad limpia sea realmente una opción?

Las respuestas son tan obvias que no merece la pena gastar espacio y tiempo en explicarlas.

Pero continuemos. Durante décadas se ha primado el desarrollo de una red de infraestructuras de alta capacidad viaria y ferroviaria (también de telefonía y de banda ancha, aunque eso es de otro libro), diseñadas para acercar entre sí los puntos con una alta concentración de población, pero que han dejado aún más aisladas a las pequeñas localidades diseminadas por el territorio que atravesaban. La construcción de estas infraestructuras siempre ha priorizado grandes núcleos poblacionales y áreas geográficas con gran desarrollo de la industria y el turismo. El interior peninsular solo era el terreno “que había que atravesar”. Y solo en los últimos años hemos alcanzado algo de ese desarrollo, aunque ni siquiera en todas las zonas (véase Soria).  Paralelamente, se ha desinvertido y abandonado el mantenimiento de las líneas de ferrocarril convencional y de las carreteras con menor intensidad de tráfico… precisamente las que dan servicio a los habitantes de los pueblos y pequeñas ciudades del interior.

Ahora, para reducir el déficit generado al estado por esas infraestructuras de las que hemos quedado relegados, parece que si somos todos iguales. ¿Y se extrañan de que nos opongamos a este nuevo peaje? El medio rural necesita un sistema impositivo que reconozca las dificultades añadidas de vivir en pueblos pequeños, casi sin servicios y con malas comunicaciones. No convertirnos, una vez más, en paganos de una fiesta a la que no solo no se nos ha invitado, sino de la que se nos excluye sistemáticamente, acrecentando aún más la desconexión entre el mundo urbano y el mundo rural.