Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remitido a Bruselas su propuesta de Plan Estratégico de la PAC. Un proyecto que, según él mismo señala, se basa en el consenso y el diálogo, pero que cada día auna más voces en contra desde la mayoría de las CCAA.

Así, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado este lunes un informe al Ministerio que sintetiza las principales mejoras que se deberían incluir en la versión inicial del Plan Estratégico de la PAC «si su intención real para el sector agrario es el de mejorar la situación de las granjas y explotaciones con mayor necesidad de apoyos».

Desde la organización consideran imprescindible que, para lograr una PAC equilibrada, se debe tener en cuenta que según datos del propio Ministerio la renta media de trabajo del agricultor es del 71,4% del salario medio de sectores económicos en España, por lo que sigue siendo vital el apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos. Además, insisten en que este apoyo debe ser más intenso cuanta mayor proporción de los ingresos totales del agricultor o ganadero provengan de la actividad agraria, ya que en estos casos su renta va a estar mucho más por debajo del resto de sector que aquellos beneficiarios que no se dedican prioritariamente a la agricultura.

Siguiendo este diagnóstico, Unión de Uniones considera que, si en la próxima PAC se desea realmente una mayor protección de la viabilidad de la agricultura y la ganadería como medio de vida y motor económico en el medio rural, desde el Ministerio se debe apostar por una definición de agricultor activo enfocada prioritariamente en la figura del agricultor y ganadero profesional.

ASAJA CYL CONSIDERA QUE ES LESIVO PARA LOS INTERESES DE LA REGIÓN

La organización Asaja Castilla y León ha advertido de que el plan es «lesivo» para la agricultura de Castilla y León por que «choca frontalmente» con el modelo profesional que hay en esta Comunidad.

En un comunicado, critican que el ministro Luis Planas «haya ignorado por completo» propuestas esenciales como la defensa de los agricultores y ganaderos profesionales.

La organización agraria afirma que el documento elaborado por el ministro y su equipo «choca frontalmente» con el modelo de agricultura y ganadería profesional de Castilla y León, ya que las medidas que propone sitúan a los profesionales en desventaja respecto a quienes tienen el campo como actividad complementaria.

Señalan que difiere totalmente del que existe en Castilla y León y se aleja totalmente del que se defiende en otros países como Francia, que estos días confirmaba que la percepción de ayudas debía supeditarse a la cotización a la Seguridad Social y cuestiona medidas como el pago redistributivo o la degresividad en determinadas ayudas.

ANDALUCÍA SE REBELA CONTRA EL PLAN Y RECUERDA QUE SI ES MALO PARA LA REGIÓN LO ES PARA ESPAÑA

Por su parte, Asaja Andalucía asegura que «penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027».

Asimismo, creen quue no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. «Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España».

De igual forma, critican que el Planignora las demandas del sector agrario andaluz en lo que respecta al modelo regional de la ayuda básica a la renta, que reduce el número actual de regiones agronómicas (estratos productivos por los que se fijan las ayudas) en un 60%, lo que penaliza la diversidad productiva de España y supone un claro agravio para Andalucía, la comunidad autónoma con la agricultura más diversa de España.

En la misma línea, COAG Andalucía ha dejado claro que “no vamos a aceptar nunca esta reforma mortal para Andalucía y estamos dispuestos a luchar”.

Asimismo, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, asegura que el Plan Estratégico ataca al modelo profesional de agricultura y abre las puertas de las ayudas a los mercados financieros.

Desde la organización recuerdan que Andalucía es la única región española que pierde con la propuesta del Ministerio de Agricultura: 700 millones de euros en el periodo 2023-2027, un recorte que van a sufrir 125.000 explotaciones profesionales, las más productivas y las que generan más empleo y valor añadido en las zonas rurales.

MONAGO LAMENTA LA FALTA DE CONSENSO

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha calificado de «grave error» que el Gobierno de Pedro Sánchez haya enviado a Bruselas «sin ningún consenso con las comunidades autónomas» el plan estratégico y ha recordado que, hasta el momento, todas las reformas en materia de PAC que salieron del Ministerio cuando gobernaba el Partido Popular «lo hicieron con un acuerdo de consenso con las regiones».

Monago cree que es «verdaderamente histórico» que se envíe «por las bravas» un plan tan importante para el campo extremeño, donde se recoge un modelo de la PAC «con menos dinero», pero que «exige más requisitos medioambientales a los agricultores y ganaderos».

Para el líder del PP, esto pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias y lo hace justo en momentos en los que se sufre «una crisis de bajos precios, agravada por la subida exponencial de los costes de producción».

POR OTRA PAC Y CIEN ORGANIZACIONES TAMBIÉN LA RECHAZAN Y PIDEN MEDIDAS MÁS AMBICIOSAS

Asimismo, la Coalición por Otra PAC sigue sumando adhesiones en su carta, que pide a los dirigentes una Política Agraria Común (PAC) que esté a la altura de los grandes desafíos a los que se enfrenta. En total, 100 organizaciones reclaman medidas ambiciosas capaces de luchar contra el despoblamiento rural, la crisis climática y de biodiversidad, o la pandemia y el riesgo creciente de nuevas zoonosis.

La misiva fue enviada en julio de este año a cinco ministerios -los de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Agenda 2030- y a las consejerías de agricultura. Ha sido coordinada por la Coalición Por Otra PAC, conformada por organizaciones provenientes de diversos ámbitos como la ganadería extensiva, el consumo, el medio ambiente, la justicia social, la producción ecológica, la nutrición, el bienestar animal y el desarrollo rural. A esta acción se han sumado muchas más entidades, en un proceso que todavía está abierto (nuevas adhesiones, aquí).

La carta contiene un conjunto de propuestas técnicas que deben ser consideradas para que la PAC retome la senda de la transición agroecológica y social. También, denuncia la falta de transparencia deliberada en el actual proceso de elaboración del PEPAC. Es necesario recordar que se trata de la Política a la que se destina la mayor cuantía de dinero público europeo, el 31% del presupuesto total de la Unión. Solo España recibirá más de 47.000 millones de euros, hasta 2027. Es decir, su impacto sobre el territorio, el consumo y las personas que viven y trabajan en el campo es enorme. Y su potencial transformador, también.

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