Como continuación a la reunión del Grupo de contacto vitivinícola del 23 de abril de 2021 por videoconferencia, las organizaciones profesionales vitivinícolas españolas, francesas e italianas han coincidido en reclamar a la UE y a los Estados Miembros la necesidad de movilizar fondos extraordinarios para ayudar a todos los agentes de la cadena de valor del vino y también, en relación a ciertas propuestas legislativas de la Comisión Europea.

Teniendo en cuenta las tensiones comerciales, sobre todo entre la UE y EEUU, la crisis mundial del Covid19 que tendrá consecuencias también a largo plazo que habrá que evaluar y la llegada de heladas en el mes de abril, la Unión Europea y los Estados Miembros deben estar a la altura de los retos planteados y movilizar fondos extraordinarios para ayudar al sector. Las organizaciones consideran que la Unión Europea y los Estados Miembros deben apoyar más firmemente al sector vitivinícola europeo, que está sufriendo desde hace tiempo las consecuencias económicas de las tensiones comerciales, del cierre del canal HORECA y de la anulación de eventos en todos los países, y también, más recientemente las consecuencias de unas heladas históricas en plena brotación del viñedo en numerosos países de la Unión, todo ello haciendo frente a una fuerte demanda de la sociedad hacía todavía una mayor sostenibilidad.

La Comisión debe mantener en aplicación las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis del Covid19 e introducir instrumentos para relanzar la demanda interna y externa, poniendo a disposición de los EEMM fondos adicionales extraordinarios y suficientes para el sector vitivinícola dedicados tanto a la gestión de esta crisis en el corto plazo, como al acompañamiento de la recuperación en una perspectiva a medio plazo, a nivel de inversiones, pero también de promoción.

Por otra parte, desde el Grupo de contacto vitivinícola  se considera que se necesitan medidas urgentes de flexibilización, por ejemplo, en materia de reestructuración, inversiones, promoción y de duración de la validez de las autorizaciones de plantación, que deben prolongarse para permitir a los productores su utilización cuando la situación económica les permita reinvertir. Sobre la reforma de la PAC reconocen que hay  avances positivos, pero existen cuestiones importantes todavía pendientes.

Las organizaciones señalan que las negociaciones relativas al sector vitivinícola han permitido avanzar positivamente preservando una reglamentación específica y el mantenimiento de un programa de apoyo al sector vitivinícola, entre otras cuestiones. Sin embargo, las organizaciones lamentan la reducción del presupuesto de este programa de apoyo en un momento en el que la crisis golpea al sector y en el que se exigen nuevas inversiones en el marco de la transición al nuevo enfoque de la normativa. Debe abordarse como reto importante el garantizar la seguridad jurídica al sector en la transición entre programaciones en 2023.