Según la consultora Kantar Wordpanel el mercado de gran consumo sigue creciendo a doble dígito en lo que llevamos de año, un 13,7% más respecto al mismo periodo de 2019, y prevé cerrar el año 2020 con un crecimiento del 14,7%. Es decir, un considerable incremento del crecimiento si se compara con periodos anteriores en los que estaba en torno al 1%.  Para el próximo año 2021, espera que el mercado de gran consumo alcance un crecimiento de alrededor del 9,4% respecto de 2019. Por contra la renta agraria se reduce y la brecha de precios de origen y consumidores sube un 47% en seis meses.

Según ES Andalucía, esta situación de crecimiento del gran consumo contribuye de manera alarmante a incrementar la brecha de precios entre productores y consumidores, que en el mes de julio alcanzó un 47% más que en el mes de febrero. Un hecho que lo constata es el Índice de Precios en Origen y Destino del mes de septiembre, en el que el precio en destino de la patata supera en más de once veces al de origen, el de las aceitunas verdes más de siete veces y media, y más de seis veces para el ajo, la cebolla o la uva de mesa.

Pero, además, a esta crisis de precios en origen cada vez más generalizada en todos los sectores y especialmente en el lácteo, vino, aceite, o las hortícolas, hay que sumar el incremento de los costes de los insumos agrícolas, que según los últimos datos del Ministerio de Agricultura ascendió hasta los 24.101 millones de euros, un 3,2%, y a la vez, el descenso de la renta agraria en un 8,4% hasta los 26.234 millones de euros.

Las causas que motivan este alza del crecimiento del gran consumo es la crisis, ya que, según el análisis de esta consultora, todo se debe al factor miedo, los confinamientos parciales, el teletrabajo, y la campaña de Navidad, siendo el canal online y los supermercados regionales los grandes beneficiarios de esta situación.

PARALELAMENTE, LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEDICADAS AL PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS SE ENCUENTRAN EN UN NIVEL MÁXIMO O ELEVADO DE IMPAGO

Dentro del gran consumo, destaca el sector bebidas con mejor previsión de crecimiento al cierre de año, mientras que la categoría de frescos y alimentación envasada presentará una buena tendencia, aunque más moderada.

Sin embargo, según los datos que ofrece Insight View, el 19% de las empresas industriales dedicadas al procesado y conservación de frutas y hortalizas se encuentran en un nivel máximo o elevado de impago. De hecho, destaca que, del análisis de las cuentas agregadas de estas empresas, se observan márgenes muy ajustados, ligeramente por encima del 2%, lo que incrementa las tensiones sufridas por la cadena de valor en el riesgo de crédito de estas empresas, que tienen pequeño tamaño (un 79% tienen menos de 10 empleados) y baja competitividad, a la vez que compiten con grandes grupos industriales y venden su producción a grandes empresas de la distribución. La cuestión es que, el 23% de las industrias transformadoras y el 20% de las empresas de servicio de este sector hortofrutícola se concentran en Andalucía.

Por esta razón, desde ES Andalucía se insiste en que» en una ley de Cadena Alimentaria indique que los precios deben estar por encima de los costes es reconocer que nuestros productos tienen un valor y debe pagarse. Pero además implícitamente, es la confirmación de que, precisamente esto no se hace, no al menos en todos los casos. Por tanto, a priori, la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria ha llegado con buenas intenciones tras el contundente proceso de movilizaciones emprendido por todo el sector agrario unido, como nunca antes, por la situación de ruina derivada de unos precios hundidos en origen, una situación que continúa acrecentándose».

Sin embargo, destacan, «nadie en principio, estará en contra de unos precios mínimos en origen que garantice a los agricultores y ganaderos cubrir costes, remunerar su actividad y obtener un beneficio digno por llevar a cabo su actividad profesional, generar empleo, sacar sus familias adelante y mantener unos pueblos vivos».

Pero, lamentan que «esta reivindicación recogida en la Ley de Cadena se encuentra cada vez más diluida, ya que fijar precios mínimos (que defendemos y hemos defendido desde ES Andalucía), es desde el punto de vista jurídico, difícilmente compatible con un mercado de libre competencia como el de la Unión Europea».

Por tanto, para ES Andalucía, en un contexto de recortes de la PAC, «el panorama no pinta bien para el sostenimiento de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos, ni para el mantenimiento de unos sistemas sostenibles, ni el impulso socioeconómico de nuestros municipios, ni la fijación de población rural o el relevo generacional de la actividad.

En este sentido, consideran que «urge más que nunca exigir a nuestros representantes mantener una intensa actividad política, tanto en la mesa de negociación con el MAPA como en los grupos de trabajos para la elaboración de los planes estratégicos de la futura PAC, para ampliar y concretar otros muchos aspectos que reequilibren, de manera definitiva, la cadena de valor».