El Gobierno de la Región de Murcia ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra el real decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, con el objetivo de revertir el primero de ellos para evitar recortes en el agua trasvasable.

Lo ha anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno su portavoz, Marcos Ortuño, que ha recordado que el nuevo plan hidrológico del Tajo contemplado en ese real decreto conlleva una reducción del trasvase de agua al Segura “que puede alcanzar 100 hectómetros cúbicos al año”, y ello sin ofrecer ninguna “alternativa viable o realista” para sustituir ese agua.

El Gobierno murciano ya interpuso en abril de 2023 un recurso contra los nuevos planes hidrológicos, por lo que el paso que se da ahora consiste en la formalización de la demanda, tal y como requirió el alto tribunal una vez admitido a trámite el recurso.

Según ha detallado Ortuño, la demanda argumenta para pedir la impugnación de los planes de cueca que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico actúa “con arbitrariedad” en la elaboración de esos documentos, que fueron aprobados en enero de 2023 “sin informes técnicos” e “ignorando deliberadamente” la existencia del Trasvase Tajo-Segura .

Por ese motivo, el Ejecutivo de Fernando López Miras considera que el plan del Tajo debe quedar “invalidado”, ya que la ministra Teresa Ribera actuó como si el trasvase “no existiera en la planificación hidrológica, cuando debería haber sido tenido en cuenta”.

EL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO APROBADO “CONTRAVIENE LA CONSTITUCIÓN, IGNORA LA COORDINACIÓN HIDROLÓGICA, ES ARBITRARIO Y NO TIENE EN CUENTA EL IMPACTO AMBIENTAL”

Además, el nuevo plan del Tajo, ha señalado el portavoz, no tuvo en cuenta las consecuencias sociales y económicas que se derivarán de la merma de aportaciones de agua a través del trasvase, que podrían llevar a la pérdida de 6.000 puestos de trabajo y un impacto económico de 300 millones de euros, además del grave impacto medioambiental y la incidencia sobre la biodiversidad.

Asimismo, no se tuvo en cuenta la necesaria coordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura, otro de los motivos que argumenta el Gobierno autonómico para impugnar el decreto, puesto que la aplicación del primero sería incompatible con el segundo.

En resumen, ha dicho Ortuño, el plan hidrológico del Tajo aprobado hace un año “contraviene la Constitución, ignora la coordinación hidrológica, es arbitrario y no tiene en cuenta el impacto ambiental”.

La demanda formalizada por la administración murciana va acompañada 15 informes técnicos que respaldan los argumentos de las impugnaciones, ha señalado el portavoz, y que evidencian que la decisión de recortar el agua trasvasable “fue arbitraria, no tuvo en cuenta el interés general” y tampoco las «consecuencia económicas, sociales y medioambientales”.

Por todo ello, Ortuño ha esperado que el Tribunal Supremo “sea sensible” y “frene el atropello” que supone el plan”.