El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado a las organizaciones agrarias una moratoria de un año en la nueva normativa de bienestar animal en porcino. A pesar de que el Real Decreto 159/2023 entrará en vigor el 9 de marzo de 2025, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que en cuestión de un mes se establecerá una moratoria de una año para continuar negociando una posible flexibilización en su aplicación, después de las protestas tanto de los ganaderos como las peticiones de los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de Aragón, los dos territorios líderes en producción.
La normativa había puesto en pie de guerra a las organizaciones ganaderas. Unió de Pagesos reclamó que no forzara la reducción de la capacidad productiva del sector. Mientras, JARC había advertido que la norma podía provocar una reducción de al menos del 10% de la cabaña porcina en Catalunya, lo que afectaría gravemente a la competitividad en Europa y en otros países. Asaja calculaba que el real decreto podía costar del orden de 150 millones de euros al sector solo en Lleida y Aragón, las dos demarcaciones líderes en producción en España.
Tras la noticia, JARC ha celebrado «haber conseguido una moratoria de un año», después de que «junto con otras entidades sectoriales se ha mostrado un firme rechazo a esta nueva normativa pidiendo que se parara o flexibilizara, puesto que regula de forma más restrictiva aspectos como el aumento de superficie por animal a granja, las condiciones ambientales y los materiales de enriquecimiento, entre otros».
La organización considera que esta nueva norma que pretende aplicar el Ministerio «es la más restrictiva del mundo y que no cuenta con ningún cimiento científico ni con el apoyo de jefa otra legislación europea». Según JARC, su aplicación provocaría una reducción mínima del 10% de la cabaña porcina en Cataluña, el que afectaría gravemente la competitividad del sector a Europa y a otros países.
JARC ha trabajado intensamente con otras organizaciones del sector, tanto a nivel autonómico como estatal a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultoras y Ganaderos (COAG), para conseguir esta moratoria de un año y ganar tiempo en las negociaciones.