El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles 25 que el Gobierno valenciano va a establecer una línea de ayudas a los regantes para rebajar el precio del agua desalada en diez céntimos.

De esta forma, el precio del agua desalada que el Gobierno central ha anunciado que se fijará en 0,34 euros por metro cúbico se situará, con la ayuda de la Generalitat que se sumará a la del Estado, en 0,23 euros para los regantes valencianos.

Puig ha anunciado también durante la primera sesión de control del año en les Corts que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que se van a hacer en la cuenca del Segura «por primera vez en la historia».

El president ha respondido así a la síndica del PP, María José Catalá, quien ha afirmado que el nuevo decreto sobre el Tajo supone «el mayor ataque a los regantes en la etapa democrática», pero Puig «cede y calla», y le ha preguntado si irá al Supremo en contra de ese acuerdo.

Puig ha defendido que han acudido «más de 40 veces» a los tribunales y que lo continuarán haciendo, y ha destacado que el agua es «fundamental» para los regantes de la Comunitat Valenciana, a cuyo lado ha estado «desde el minuto cero» la Generalitat.

Ha insistido en que la diferencia de este Consell respecto al del PP es que el actual busca soluciones para que haya agua «para siempre», mientras que con el PP hubo un año en el que no se recibió «ni una gota de trasvase».

El «gran objetivo», ha precisado el president, no es la «utilización partidista permanente» del agua, sino que lo que le interesa a la Comunitat es «tener agua para siempre», y ha asegurado que eso se va a conseguir.

La síndica del PP ha acusado a Puig de ser «extremadamente débil y sumiso» ante un recorte del trasvase Tajo-Segura que va a suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo y constituye una «ofensa» a los regantes alicantinos.