La guerra territorial por el agua del Tajo que enfrenta desde hace décadas a Castilla-La Mancha con el Levante español, ha quedado una vez más escenificada en el Consejo Nacional del Agua que reúne este martes al Gobierno, comunidades y sectores afectados para debatir los nuevos planes hidrológicos de cuenca.

Desde primeras horas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, preside el Consejo Nacional del Agua, en donde se presentarán los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027), marcados por la reiterada controversia del trasvase del Tajo al Segura.

Con un escenario de adaptación al cambio climático, estos nuevos planes encaran su recta final para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros previsiblemente antes de fin de año, con el objetivo de marcar la agenda hídrica del Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir y Tajo los próximos años.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia, una de las partes más implicadas en la «guerra del agua», el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha mostrado su «rechazo absoluto» al informe del Plan Hidrológico del Tajo, al considerarlo «injustificado y arbitrario» y generador de un grave daño económico y social para toda la Región de Murcia y el Levante español.

LOS CAUDALES ECOLÓGICOS: NEGATIVOS PARA MURCIA POR SER EXCESIVOS Y PARA CASTILLA-LA MANCHA PORQUE LLEGARÁN TARDE

Para el consejero, «hoy se perpetra el ataque más grave» de las últimas décadas al trasvase Tajo- Segura, bajo el incremento de caudales ecológicos, y con el único objetivo de recortar agua al Levante, algo que ha calificado de una decisión política entre el Gobierno de España y el Partido Socialista.

Se trata -ha asegurado- de reducir como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos cada año de los envíos del Tajo al Segura, como consecuencia de elevar los caudales ecológicos de seis a siete metros cúbicos por segundo, paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir de 2026.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado que el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo quedará vinculado a partir de 2026, según la última propuesta del plan hidrológico, a un «Programa Especial de Vigilancia y Control» del acueducto Tajo-Segura, «un documento inventado al margen» de dicho plan hidrológico.

La posición que Castilla-La Mancha en el Consejo Nacional del Agua considera que le atañe «el relativo a la demarcación del Tajo», «no solo por el contenido, que ya es especialmente pernicioso, sino porque se ha realizado de forma clandestina, en el último momento, y sin espacio a una modificación ulterior».

«Se ha tirado por la borda el prolijo trabajo de más de tres años que se ha venido realizando hasta el día de hoy, para modificarlo de forma premeditada, evidenciando así la importancia mínima que la Dirección General del Agua da al proceso de participación pública», ha criticado el Gobierno regional.

En particular, Castilla-La Mancha ha denunciado que la implantación progresiva de caudales ecológicos del Tajo ha sido supeditada a un «instrumento inventado y completamente ajeno» al plan hidrológico que «condiciona su aplicación», en alusión al «Programa Especial de Vigilancia y Control» del acueducto Tajo-Segura que el Gobierno central aprobará a través de una orden ministerial, es decir, distinto al Real Decreto.

Colectivos de ciudadanos y ecologistas, organizados en una plataforma en defensa del Tajo, han denunciado este martes a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico , que los últimos borradores sobre los nuevos planes hidrológicos de cuenca incorporan cambios «que condicionan el buen estado» de este río y no cumplen las sentencias judiciales.

Agrupados en la Red Ciudadana por una nueva cultura del Agua en el Tajo y sus Ríos y en la Plataforma por los ríos madrileños y el río Tajo, una decena de responsables de organizaciones defensoras de los caudales ecológicos de esta cuenca se han concentrado para exponer sus reclamaciones, con sendas pancartas en las que se leía «Por un trasvase vivo», «queremos ríos vivos».

×