El colectivo Pacto por el Mar Menor ha anunciado que no descarta el inicio de acciones legales ante la «gravísima» situación de la laguna, cuyos indicadores ambientales han sufrido una fuerte degradación en las últimas semanas.

En un comunicado, esta organización ha desvelado que va a participar en la toma de acciones legales por los vertidos que se están produciendo en Los Alcázares y Santiago de la Ribera (San Javier), en primer lugar por vía administrativa y, si fuera necesario, judicialmente.

Además, apoyará y se personará en las causas que abra la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ con motivo de la degradación que está sufriendo el Mar Menor, utilizando para ello el mecanismo contemplado en la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

Seguir prestando ayuda y soporte técnico en el actual proceso criminal denominado “Caso Topillo”, que investiga el uso de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena, cuyas aguas de rechazo eran vertidas al dominio público hidráulico y acababa en la laguna, es otra de las decisiones adoptadas por este colectivo.

Por otra parte, Pacto por el Mar Menor denunciará los impactos ambientales del urbanismo «insostenible» en la costa del Mar Menor, poniendo como ejemplo las urbanizaciones El Vivero en La Manga (Cartagena) o Nueva Ribera en Los Alcázares.

Otra medida adoptada será mantener abiertas las reclamaciones efectuadas ante la Comisión de Peticiones de la UE para pedir la intervención de los eurodiputados ante actitud complaciente de la Comisión Europea y las autoridades del Reino de España.

Finalmente, Pacto por el Mar Menor va a seguir trabajando para que a este ecosistema «se le pueda dotar de una personalidad jurídica propia».